Durante una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en Riohacha, la entidad expuso cuatro hallazgos relacionados con la participación de las comunidades indígenas, la falta de trazabilidad de sus propuestas, las barreras para el reconocimiento de sus autoridades y las condiciones de seguridad en el territorio.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre dificultades para garantizar la participación efectiva del pueblo wayuu en la construcción del Plan Estructural de Acción, instrumento orientado a superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-302 de 2017.
La alerta fue presentada durante la sesión técnica convocada por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, en el marco del Auto 1300 de 2026, en Riohacha, donde la Defensoría Regional de La Guajira expuso sus principales hallazgos y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.
En su intervención, la entidad señaló que, a partir de las visitas de verificación, las reuniones con organizaciones indígenas, el acompañamiento a la construcción del Plan Provisional de Acción y la participación en las sesiones del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), ha identificado cuatro asuntos que requieren atención institucional.
El primero está relacionado con la participación efectiva de las comunidades wayuu. Según la Defensoría, no cuenta con información suficiente para verificar que las autoridades y estructuras representativas del pueblo indígena hayan intervenido de manera efectiva desde las etapas iniciales de formulación del Plan Estructural de Acción.
El segundo hallazgo corresponde a la falta de trazabilidad de las propuestas presentadas por las autoridades indígenas. La entidad indicó que no ha podido establecer con claridad cuáles aportes fueron incorporados, modificados o descartados en el borrador del plan, ni conocer las razones que sustentaron las decisiones institucionales.
El tercer punto tiene que ver con las barreras administrativas para el reconocimiento de las autoridades wayuu. La Defensoría señaló que continúa pendiente la culminación del estudio etnológico previsto en la Sentencia T-172 de 2019 y advirtió sobre las dificultades que se presentan cuando los procedimientos estatales no reconocen adecuadamente las formas propias de organización, representación y legitimidad de este pueblo indígena.
Como cuarto hallazgo, la entidad expuso las condiciones territoriales y de seguridad que dificultan la participación comunitaria. En ese sentido, informó que ha emitido once Alertas Tempranas para La Guajira desde 2019 hasta la fecha, en las que ha advertido sobre factores de riesgo que comprometen los derechos humanos de las comunidades, particularmente del pueblo wayuu.
En materia de transparencia, la Defensoría aclaró que la información examinada no permite individualizar casos suficientemente documentados ni atribuir presuntas irregularidades a entidades o contratistas específicos. Sin embargo, consideró necesario fortalecer los mecanismos de publicidad, seguimiento y control social sobre la asignación de beneficios y los procesos de contratación relacionados con el cumplimiento de la sentencia.
Solicitudes ante la Corte Constitucional
En una segunda intervención, la defensora delegada para los Pueblos Étnicos, Milena Mazabel, presentó las recomendaciones de la entidad ante la Sala Especial de Seguimiento.
Entre las principales solicitudes se encuentra requerir a las entidades responsables del Plan Estructural de Acción una matriz que permita conocer el tratamiento dado a las propuestas de las autoridades y comunidades wayuu, con sus respectivos soportes y las razones por las cuales fueron incorporadas, modificadas o descartadas.
También pidió un balance documentado de la participación de la Gobernación de La Guajira y de las alcaldías de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en la construcción del plan, así como información sobre los compromisos asumidos para su implementación.
Otra de las recomendaciones está dirigida al Ministerio del Interior, al que se solicita informar sobre los avances en el estudio etnológico, el procedimiento para el reconocimiento y registro de las autoridades wayuu y los ajustes al protocolo de participación en el MESEPP.
La Defensoría también planteó fortalecer los mecanismos de interlocución con las comunidades ubicadas en zonas rurales dispersas o con restricciones de acceso, mediante condiciones adecuadas de seguridad, comunicación intercultural y utilización del wayuunaiki cuando corresponda.
Finalmente, solicitó información verificable sobre los criterios de focalización y asignación de beneficios, así como sobre los procesos de contratación, los mecanismos de selección de contratistas y la publicación de estos procedimientos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
La entidad reiteró que el seguimiento de la Corte Constitucional no debe limitarse a verificar el cumplimiento formal de las actuaciones administrativas, sino establecer si las medidas adoptadas contribuyen efectivamente a superar la crisis que afecta al pueblo wayuu y garantizan sus derechos fundamentales al agua potable, la alimentación, la salud y la participación.
