Se desarrollará entre el 26 y el 28 de agosto en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao.
Nueve años después de que la Corte Constitucional declarara un estado de cosas inconstitucional por la crisis de agua, alimentación y salud que afecta a la niñez del pueblo wayuu, el alto tribunal realizará una nueva inspección judicial en cuatro municipios de La Guajira para verificar el avance en el cumplimiento de sus órdenes.
La diligencia fue convocada mediante el Auto 1017 de 2026 y se desarrollará entre el 26 y el 28 de agosto en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Se trata de la tercera inspección judicial que realiza la Sala Especial de Seguimiento en territorio wayuu desde que asumió el seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
La inspección se produce después de que la Corte calificara como bajo el nivel de cumplimiento de las órdenes relacionadas con el primero de los objetivos constitucionales mínimos establecidos en la sentencia: el acceso al agua.
En su evaluación, la Corte mantuvo el estándar mínimo de 20 litros diarios de agua por persona y rechazó la solicitud del anterior Ministerio de Vivienda de reducir esa cantidad a poco más de cinco litros. Además, otorgó a esa cartera un plazo improrrogable de tres meses para demostrar que al menos el 66 % de la niñez wayuu identificada cuenta con acceso efectivo al agua.
La Sala también compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía por presuntos incumplimientos reiterados atribuidos al Ministerio de Vivienda, Corpoguajira y las alcaldías de Maicao, Manaure y Uribia.
La Corte volverá al territorio wayuu
La próxima inspección será la primera verificación en terreno desde que comenzó a correr el plazo de tres meses establecido por la Corte y después de que las autoridades involucradas quedaran bajo la atención de los organismos de control.
Para dirigir la práctica de la prueba en territorio, la Sala de Seguimiento comisionó a los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo Junco y Sebastián Rubiano-Groot Gómez.
Los tres estarán al frente, de manera simultánea, de los equipos técnicos en los que se dividirá la diligencia para evaluar los componentes de agua, alimentación y salud. Cada equipo contará además con un perito y un secretario ad hoc.
En el recorrido participarán cerca de 30 autoridades y organizaciones. La inspección contempla visitas al Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha; los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia; la Pila Pública Casa Azul, en Manaure, y el asentamiento La Pista, en Maicao.
Aunque el acceso al agua será el principal eje de la inspección, la Corte también revisará el estado de los ocho objetivos constitucionales mínimos establecidos en la sentencia, relacionados, entre otros aspectos, con alimentación, salud, movilidad y diálogo genuino con las autoridades wayuu.
La nueva visita judicial pondrá nuevamente bajo la lupa la respuesta de las entidades responsables frente a una crisis que, nueve años después de la sentencia, continúa siendo objeto de seguimiento especial por parte de la Corte Constitucional.
