Durante las dos jornadas de sesión técnica en la ciudad de Riohacha, el presidente de la Sala Especial de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, instó a las entidades y autoridades a avanzar en el cumplimiento de las órdenes, con énfasis en la solución a los problemas de representatividad wayuu.
Señaló que el objetivo de la Corte es alcanzar un punto en el que el seguimiento a problemáticas estructurales, como las muertes de niños y niñas por desnutrición en La Guajira, no sea necesario.
Destacó que tanto las autoridades estatales como las indígenas comparten un lenguaje común: la protección de la niñez, un principio que debe prevalecer sobre cualquier discusión.
Mientras que el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina, reiteró la fragmentación de las autoridades indígenas e instó a la Sala de Seguimiento a trabajar directamente con las autoridades ancestrales, lo que facilitaría un diálogo más fluido y fortalecería la gobernanza del territorio.
En cuanto a la representatividad indígena, advirtió el retraso en el reconocimiento de autoridades y territorios indígenas, así como en la implementación de medidas en materia de agua potable, movilidad y equidad en el desarrollo de obras.
También señaló deficiencias en la atención en salud. Finalmente, concluyó que persiste una falta de información comprensible y suficiente sobre el pueblo wayuu.
A su vez, Ruth Chaparro, de la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017, advirtió que la atención en La Guajira se ha convertido en ‘la bonanza de los contratos’, incentivando la creación de autoridades sin legitimidad.
Instó a adoptar un enfoque territorial basado en rancherías, fortalecer economías locales y reformar la contratación con transparencia. Asimismo, denunció la muerte de niñas wayuu y la inacción estatal e indígena ante dicha situación.
Empero, Julián Gutiérrez, de Dejusticia, alertó sobre la falta de información confiable en La Guajira. La ausencia de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) impide evaluar la situación nutricional y el impacto de las acciones frente al Estado de Cosas Inconstitucional.
También señaló barreras en el registro de autoridades wayuu, como la falta de un estudio etnológico que reconozca su estructura social y territorial. Del mismo modo, solicitó fortalecer la consulta previa, respetando los mecanismos propios de decisión.
Además, advirtió que los proyectos de energía y agua sin participación legítima pueden agravar o incitar conflictos territoriales.
