La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional culminó tres jornadas de inspección judicial en La Guajira, realizadas entre el 26 y el 28 de agosto, para verificar en terreno las condiciones en las que se garantizan los derechos fundamentales de la población infantil Wayuu, especialmente en materia de agua potable, salud y alimentación.
La diligencia se desarrolló en cumplimiento del Auto 1017 de 2026 y permitió a los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano-Groot conocer directamente las condiciones de las comunidades visitadas y verificar el grado de cumplimiento de las órdenes impartidas por el alto tribunal.
Uno de los principales hallazgos se presentó en el componente de agua. La comisión recorrió el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, así como los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia.
En Jojoncito, los magistrados constataron que la comunidad utiliza para consumo humano un reservorio de agua de escorrentía superficial, que presentaba evidentes señales de contaminación. Durante la inspección se observaron posibles restos de materia fecal de animales de corral y presencia de microalgas que daban una coloración verdosa al agua.
Para establecer las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del líquido, Isaac Manuel Romero Borja, docente de la Universidad del Magdalena y perito durante la diligencia, realizó la toma de muestras bajo protocolos estandarizados, las cuales fueron trasladadas posteriormente a un laboratorio para su análisis.
La inspección contó además con el acompañamiento de la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, quien estuvo presente en los recorridos y presentó ante la Sala propuestas de solución inmediata frente a algunas de las deficiencias encontradas. Estos compromisos quedaron registrados en audio y video y harán parte del material probatorio que será valorado por la Corte.
Salud: dificultades para acceder a los servicios
En materia de salud, el equipo liderado por el magistrado auxiliar Sebastián Rubiano-Groot verificó las condiciones de atención de las comunidades y la situación de niñas y niños Wayuu frente a este derecho.
Aunque la Sala fue informada sobre la presencia de equipos extramurales e interculturales en algunas comunidades, las autoridades tradicionales denunciaron la falta de seguimiento por parte de las EPS a los casos identificados, lo que estaría dificultando el control de tratamientos requeridos por los menores.
Las comunidades también expusieron las dificultades para desplazarse hasta los centros asistenciales debido al mal estado o ausencia de vías, una problemática que se agudiza durante la temporada de lluvias. A esto se suma la falta de centros de salud cercanos y el hecho de que algunas infraestructuras existentes no se encuentran actualmente en funcionamiento.
Alimentación: comunidades advierten dificultades con el PAE
En el componente de alimentación, liderado por la magistrada auxiliar Carolina Murillo, la comisión verificó los lugares donde las comunidades almacenan y preparan los alimentos y conoció los recorridos que deben realizar para conseguir agua destinada a su preparación.
Durante los encuentros se abordaron programas como el Modelo de Atención Integral (MAI) del ICBF y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las comunidades manifestaron dificultades relacionadas con la cantidad y suficiencia de los alimentos, además de problemas en la caracterización y movilización de niñas y niños hacia las instituciones educativas.
Uno de los aspectos advertidos durante la inspección fue que la Administración Municipal de Uribia señaló que, por razones de sostenibilidad financiera, la continuidad del PAE estaría asegurada únicamente hasta octubre, situación que genera preocupación frente a la garantía de este derecho para la población infantil.
La Corte continuará verificando el cumplimiento de la T-302
La Sala Especial de Seguimiento incorporará los resultados de la inspección, los análisis de laboratorio de las muestras de agua y la documentación aportada por las entidades al informe que permitirá establecer el grado de cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017.
Durante las jornadas, la comisión contó con el acompañamiento de un intérprete de wayuunaiki, autoridades y comunidades Wayuu, así como de funcionarios de entidades nacionales, departamentales y municipales. También participaron delegados de la Gobernación de La Guajira, las alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, varios ministerios, la Consejería Presidencial para las Regiones, ESEPGUA, ICBF, DANE, Registraduría, Veeduría Ciudadana y empresas municipales de agua, entre otras instituciones.
El recorrido permitió a la Corte escuchar directamente a las comunidades y contrastar las acciones reportadas por las entidades con las condiciones encontradas en territorio.
Como parte de la inspección, la comisión continuará su recorrido hacia Maicao y Manaure, donde verificará las condiciones del asentamiento La Pista y de la Pila Pública Casa Azul, respectivamente, para ampliar la información sobre el cumplimiento de las órdenes destinadas a garantizar los derechos fundamentales de la población infantil Wayuu.
