Como un reconocimiento al trabajo realizado por el Gobierno del Cambio y en especial por el Ministerio del Interior y de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la Corte Constitucional destacó como cumplida la orden novena dada por el tribunal en la Sentencia T-302 de 2017, en la que el alto tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a los derechos al agua potable, la alimentación, la seguridad alimentaria y la salud de la población wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira.
En la determinación expresada en el auto 440 de 2024, La Sala Especial de Seguimiento a esta sentencia indicó que el Ministerio del Interior “acató los principales elementos del mandato judicial a su cargo, como son la traducción de la Sentencia T-302/17al wayuunaiki, su comunicación oral entre las comunidades y el registro audiovisual de las actividades de divulgación adelantadas”.
Pronunciamiento
“Hemos seguido las instrucciones del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para hacerle seguimiento y cumplimiento a lo estipulado por la Corte. Es un gran logro para la dirección, el Viceministerio del Diálogo Social, para el Ministerio y el Gobierno. Hacemos un llamado a todas las instituciones a continuar en las labores. El pueblo wayuu no está solo”, señaló Álvaro Echeverry director de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
Indicó que este es un paso significativo hacia el empoderamiento de la comunidad wayuu y el reconocimiento de su papel esencial en la construcción de un desarrollo sostenible y equitativo en La Guajira.
Agregó además que “esta sentencia por primera vez se divulga en lengua wayuunaiki y es un trabajo que la Autoridad Nacional de Consulta Previa vino haciendo a partir del año pasado hasta diciembre 2023, produciendo gracias a lingüistas, a representantes y traductores wayuu, antropólogos y una serie de comunicadores sociales en conjunto con la Universidad de La Guajira (Uniguajira), para un producto audiovisual en lengua Wayunaniki con las voces y representantes del pueblo de La Guajira”.
Comentó que una de las acciones adelantadas fue la producción de un podcast en lengua wayuunaiki que hizo parte de una campaña de difusión e información que se hizo a partir de diciembre del 2023, y que se seguirá haciendo en las rancherías y sitios que impacta la sentencia T302.
Explicó que en la decisión el alto tribunal exhorta a las autoridades del orden nacional y territorial a continuar con la divulgación de las actividades propuestas por el Ministerio del Interior.
Asimismo, comentó Álvaro Echeverry, la Corte dijo que frente a las órdenes dictadas en Auto 2063 de 2023, cuyo cumplimiento sigue en evaluación, la Sala Especial considera que “el Ministerio del Interior presentó un informe detallado y respaldado con evidencias sobre las acciones para comunicar y divulgar la Sentencia T-302/17 entre las comunidades indígenas de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”, y que la cartera política “remitió información y evidencia sobre las reuniones, asistentes y actividades de preconsulta del plan de acción en algunas comunidades de esa región. Por lo cual, también se considera acatada”.
Cabe destacar que la corporación, tras la ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Corte declaró, igualmente, el “cese de las labores de seguimiento” que adelanta al respecto y frente a los autos 1196 de 2021 y 2063 de 2023. También ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo “seguir el cumplimiento de las actividades de divulgación del fallo realizadas por el Ministerio del Interior en los centros etnoeducativos e internados de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”, de acuerdo con el Plan de Acción Integrado que presentó la cartera política el pasado 12 de enero.
En la decisión se advierte que las autoridades obligadas por la Sentencia T-302/17 y las comunidades wayuu: “La Sala Especial constata que estas conocen de manera suficiente la sentencia y sus principales elementos, lo que constituye el primer eslabón para garantizar un diálogo genuino en la solución de la crisis humanitaria que afecta a ese pueblo indígena”.
“El Ministerio del Interior, y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, seguirán avanzando en lo que ordena la Corte Constitucional a efecto de que las comunidades estén debidamente preparadas, orientadas, y conozcan todo el alcance de la Sentencia T- 302”, finalizó el funcionario del Ministerio del Interior.
