Juez admite tutela por presunta vulneración de derechos a menores ganadores de festival.
El Juzgado Promiscuo Municipal de El Molino admitió una acción de tutela interpuesta por el abogado Fabio Olea Massa, en calidad de agente oficioso, en defensa de cuatro menores de edad que resultaron ganadores en el Festival del Cantante 2024 y a quienes no se les han entregado los premios anunciados por la administración municipal.
La tutela, radicada bajo el número 4411040890012025-00064-00, fue admitida el pasado 23 de julio. En ella se solicita la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la cultura, la recreación y la confianza legítima, presuntamente vulnerados por la Alcaldía de El Molino.
Los menores Mariana Sofía Bolaños Vieco, Ana Valentina Acosta López, Shaira Michel López Silva y Luis José Rodríguez Montero ocuparon los primeros y segundos lugares en las categorías infantil y juvenil del festival realizado en noviembre de 2024. Sin embargo, a la fecha, no han recibido el reconocimiento económico prometido, lo que ha generado un impacto negativo en su bienestar emocional y social.
De acuerdo con la acción, el alcalde Rafael Heraldo Manjarrez Aponte promovió públicamente el festival y firmó el convenio interadministrativo No. 002 del 27 de noviembre de 2024 con la Asociación de Municipios del Sur-Sur de La Guajira para apoyar las actividades del evento, generando una expectativa legítima en los participantes y sus familias. No obstante, después del evento, el mandatario sostuvo que el pago de los premios era responsabilidad exclusiva de la Corporación Festival del Cantante.
Adicionalmente, la Contraloría solicitó al alcalde la carpeta completa del convenio 002 para verificar el destino de los recursos, luego de que él mismo reconociera en una entrevista con Cardenal Stereo que el convenio era para apoyar el festival. Hasta ahora, la administración no ha podido justificar cómo se gastaron los 62 millones de pesos del convenio, pese a que la Corporación Festival del Cantante asumió con recursos propios todos los costos de la programación oficial, salvo la premiación, que se esperaba fuera cubierta con esos fondos.
El juzgado ordenó notificar a la Alcaldía Municipal, así como vincular a entidades como la Personería, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Igualdad, la Procuraduría y la Asociación de Municipios del Sur-Sur de La Guajira, para que se pronuncien dentro del proceso.
La acción exige al alcalde cumplir en un plazo de 48 horas con el pago de los premios otorgados a los menores, de conformidad con lo pactado y anunciado. El proceso continúa en curso.
