A sólo horas de las elecciones atípicas a la Alcaldía, rectores de instituciones educativas oficiales del municipio emitieron un pronunciamiento dirigido a autoridades electorales, departamentales y municipales, en el que expresan su preocupación por las condiciones de orden público en el territorio.
En la comunicación, los directivos manifiestan que el contexto reciente ha estado marcado por un ambiente de tensión e incertidumbre, evidenciado en situaciones que han alterado la dinámica del municipio. Entre ellas, señalan la concentración de personas en inmediaciones de la Registraduría Municipal y un clima de “tensa calma” que, advierten, podría derivar en alteraciones durante la jornada electoral del próximo domingo 3 de mayo.
El documento también hace referencia a hechos recientes ocurridos en las últimas horas, como la quema de un vehículo cerca de la Institución Educativa Juan Jacobo Aragón —dispuesta como puesto de votación— y reportes sobre la detonación de un artefacto explosivo en cercanías de una sede de campaña. Según los rectores, estos episodios evidencian la existencia de riesgos actuales y latentes.
Adicionalmente, recuerdan antecedentes registrados en procesos electorales anteriores en Fonseca, donde se presentaron disturbios en puestos de votación, ingreso de personas a instalaciones educativas, destrucción de material electoral y suspensión parcial de la jornada. Estas situaciones, señalan, afectaron el desarrollo del proceso democrático y pusieron en riesgo a ciudadanos y funcionarios.
Los rectores enfatizan que las instituciones educativas destinadas como sedes electorales son bienes públicos esenciales para la prestación del servicio educativo, por lo que advierten sobre la posibilidad de afectaciones a la infraestructura en medio de eventuales actos vandálicos, lo que impactaría el derecho a la educación.
De igual forma, expresan preocupación por la integridad de los votantes y del personal que participará en la jornada electoral, al considerar que el escenario actual configura un riesgo que debe ser atendido con medidas oportunas.
En el pronunciamiento, invocan el principio de precaución y el deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad y la participación democrática, conforme a la Constitución Política.
Finalmente, los rectores indicaron que su postura es de carácter institucional y está orientada exclusivamente a la protección de la comunidad educativa y de los bienes públicos bajo su responsabilidad, dejando constancia formal de la situación ante las autoridades competentes.
