Recientemente, el Senado de la República de Colombia ha sido protagonista de un giro político digno de un suspenso legislativo. Primero, aprobó una reforma laboral con todas las exigencias de Gustavo Petro, el presidente que ha insistido en modernizar y proteger los derechos de los trabajadores. Una victoria indiscutible para el gobierno, pero, como si fuera un guion escrito a medias, poco después hundió su consulta popular. Este es el juego de sombras y luces de la política, donde los acuerdos y desacuerdos se dan a una velocidad vertiginosa, y los verdaderos intereses se entrelazan en la danza del poder.
Por un lado, la reforma laboral representó un paso hacia adelante en la promesa de Petro de dignificar al trabajador colombiano, dándole herramientas legales para luchar contra la precarización del empleo y el abuso de los derechos laborales. Es una victoria que resuena con la esperanza de millones de ciudadanos que ven en este tipo de medidas una oportunidad para que sus vidas laborales dejen de ser una montaña rusa de incertidumbre.
Pero, como todo en la política, la victoria no es definitiva, ni absoluta. Si bien el gobierno se dio el gusto de ver cómo el Senado se alineaba con su visión de un país con más justicia social, el mismo Senado, que en un principio parecía dispuesto a navegar en la misma dirección, luego dio un giro inesperado al rechazar la consulta popular impulsada por el presidente. Y aquí es donde se asoma la contradicción.
La consulta popular, una de las propuestas más emblemáticas del gobierno de Petro, pretendía abrir un diálogo directo con el pueblo sobre una serie de reformas clave. Sin embargo, el Senado no sólo la archivó, sino que de alguna manera cuestionó la capacidad del presidente para canalizar los intereses populares de forma efectiva. ¿Por qué este cambio de postura tan radical? ¿Qué lleva a un Senado a respaldar una reforma en favor de los trabajadores y luego, de repente, frenar la participación directa de los ciudadanos en decisiones políticas tan trascendentales?
Este doble rasero pone en evidencia algo que muchos colombianos ya sabemos: la política, a veces, es un juego de apariencias. Las reformas laborales suenan bien en los papeles y en los discursos, pero cuando se trata de dejar que el pueblo opine directamente, se alzan barreras de desconfianza, intereses partidistas y temores de perder el control. En definitiva, parece que el Senado prefiere imponer sus propias reglas, incluso si eso significa truncar el acceso a la democracia directa que Petro había propuesto.
Lo que queda claro es que el presidente Petro está dispuesto a caminar sobre las aguas turbulentas de un sistema político lleno de desafíos. Si bien ganó una batalla con la reforma laboral, la guerra por la justicia social no ha terminado. El Senado, con sus idas y venidas, parece ser el principal obstáculo que enfrenta, y si bien los acuerdos son una victoria, la consulta popular demuestra que el camino hacia la democracia plena y participativa es aún largo y lleno de escollos.
En este escenario, ¿quién tiene la última palabra? El pueblo, que observa estos giros y se pregunta si alguna vez sus voces serán escuchadas más allá de las urnas. O el Senado, que sigue demostrando que, incluso en tiempos de reformas, su poder sigue siendo la fuerza más influyente en Colombia.
Este juego de poder es más que un capítulo en la historia política reciente. Es un recordatorio de que en política, el “acuerdo” no siempre es tan simple como parece. Y mientras tanto, los colombianos siguen esperando una democracia más inclusiva, menos teatral y, sobre todo, más representativa de sus verdaderas aspiraciones.
El drama continúa, y el telón todavía no cae.
