Desde un punto de vista jurídico y social, esta columna reflexiona sobre el atentado contra Miguel Uribe como un síntoma del fracaso del Estado en proteger a la niñez. A partir del caso del menor involucrado, se cuestiona el enfoque punitivo y se propone una salida centrada en la resocialización, la justicia restaurativa y la prevención estructural del delito.
El pasado sábado 7 de junio de 2025, Colombia fue sacudida por un atentado que, más allá de su carga política, simboliza un retroceso social y humano. El ataque perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no sólo reavivó los temores colectivos de épocas marcadas por el terror y la violencia política, sino que desnudó, una vez más, las profundas grietas estructurales de nuestra sociedad. Lo que estremeció al país no fue solo el atentado en sí, sino la edad del agresor: un niño de 14 años.
La imagen del atentado circuló con rapidez en redes y medios, y con ella el debate: ¿cómo un menor de edad puede empuñar un arma con intención homicida? ¿Qué contexto produce una mente infantil con disposición para asesinar? El país, consternado, exigió respuestas inmediatas. Algunos sectores políticos respondieron con propuestas punitivistas, clamando por penas ejemplares. Sin embargo, la indignación no puede traducirse en venganza: este hecho no puede explicarse ni resolverse desde el castigo aislado, sino desde una mirada integral, con enfoque social, jurídico y de derechos humanos.
La tragedia no radica únicamente en que un senador haya sido blanco de un ataque; radica en que quien disparó fue otro colombiano, un niño, y por tanto, una víctima más de nuestro abandono institucional. Según información preliminar extraoficial, el menor carecía de una red familiar y de apoyo: su madre fallecida, su padre aparentemente ausente y su entorno, probablemente dominado por la marginalidad y la exclusión. La verdadera pregunta no es por qué disparó, sino por qué un niño de 14 años creyó que esa era su única salida.
En Colombia, la utilización de menores por estructuras criminales no es un fenómeno nuevo. Durante décadas, niños y adolescentes han sido reclutados por guerrillas, paramilitares, bandas urbanas y redes del narcotráfico. A estos jóvenes se les ha negado el derecho a una infancia plena, y en su lugar, se les ha expuesto a ciclos de violencia y desesperanza. El delito, en estos contextos, no es una elección libre, sino una adaptación trágica al abandono del Estado.
Desde el punto de vista jurídico, resulta crucial recordar que el sistema penal juvenil colombiano está regido por la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), cuyo espíritu es protector, pedagógico y resocializador. A pesar de esto, el clamor social suele exigir penas más severas, olvidando que el derecho penal no debe responder al deseo de venganza colectiva, sino a criterios de legalidad, proporcionalidad y finalidad resocializadora. Imponer penas más duras a menores sin considerar sus condiciones de vida solo profundiza la estigmatización, rompe con el principio de justicia restaurativa y aumenta el riesgo de reincidencia.
La verdadera transformación no vendrá de endurecer la ley, sino de fortalecer las políticas públicas de prevención, de garantizar entornos seguros, familiares y escolares, de ofrecer oportunidades reales de desarrollo humano. Un Estado que castiga sin educar, que encierra sin comprender, que reprime sin incluir, es un Estado que perpetúa el ciclo de violencia.
El atentado contra Miguel Uribe no es solo un hecho condenable, sino un espejo brutal que nos obliga a ver lo que no hemos querido enfrentar: que nuestra niñez sigue siendo víctima silenciosa de una sociedad fragmentada y un Estado selectivamente ausente. Castigar al menor de 14 años puede aliviar la rabia momentánea, pero no evitará que otros tomen su lugar. Lo que Colombia necesita no es más penas, sino más justicia social. No necesita mano dura, sino manos firmes y humanas que construyen desde la raíz. Porque la verdadera victoria no será encarcelar a nuestros niños, sino lograr que ninguno más vea en el crimen su única oportunidad de existir.
