En un país donde la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue abierta, el Decreto 481 de 2025 no es solo una norma: es una puerta. Una puerta que, si se abre con decisión y respeto, puede transformar la vida de miles de niños indígenas que hoy crecen entre el olvido institucional y la resistencia cultural.
El Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) no es una concesión del Estado. Es el reconocimiento de un derecho ancestral: el de educarse desde la raíz, desde la lengua, desde la espiritualidad y desde la visión del mundo que cada pueblo ha tejido durante siglos. Para un niño Wayuu, Wiwa o Kogui, aprender no debería significar renunciar a su identidad. Por el contrario, debería ser la forma más poderosa de fortalecerla.
La educación convencional ha fracasado en muchos territorios indígenas. No por falta de esfuerzo, sino por falta de pertinencia. ¿Cómo puede aprender un niño si el aula le habla en una lengua que no es la suya, si los contenidos ignoran su historia, si los métodos contradicen su forma de ver el mundo? El SEIP propone lo contrario: una educación que nace del territorio, que escucha a los sabios, que respeta los ciclos de la naturaleza y que entiende que enseñar no es imponer, sino acompañar.
Por eso, Colombia donde nos enorgullecemos de la diversidad cultural y de los pueblos indígenas, debemos considerar esta gran apuesta educativa como un derecho en movimiento, entendiendo que la educación tiene el poder de sanar, reconstruir y dar sentido a las realidades, muchas veces tristes de las comunidades. Enhorabuena para los niños indígenas, crecer aprendiendo en su lengua, con sus saberes y en sintonía con su territorio, puede ser la diferencia entre el desarraigo y la pertenencia.
La oportunidad no es solo para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas que se va a beneficiar, es también para sus líderes, autoridades, asociaciones y organizaciones. Es la ocasión de demostrar con gestión, transparencia y resultados que los procesos liderados desde lo propio no están condenados al fracaso, como algunos estigmatizan, sino que pueden ser modelos eficaces, pedagógicamente válidos y culturalmente insustituibles.
Durante décadas se ha dudado de la capacidad administrativa de las organizaciones indígenas. Hoy, el SEIP ofrece la oportunidad de cambiar esa percepción, de pasar de la sospecha a la confianza, del prejuicio al respeto.
Pero esta oportunidad no se materializa sola. Requiere voluntad política, recursos estables, y sobre todo, confianza en la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar su propio destino educativo. Requiere que las entidades territoriales certificadas dejen de ver al SEIP como una carga y lo entiendan como una inversión en justicia, en paz y en futuro.
Se debe dejar en claridad que las entidades territoriales certificadas no quedan relevadas de responsabilidad. Están llamadas a ser aliadas activas, a cofinanciar, acompañar técnicamente y garantizar que el SEIP no sea una estructura marginal, sino parte vital del sistema educativo colombiano.
Porque cuando un niño indígena aprende desde su cultura, no solo mejora su rendimiento escolar. Mejora su autoestima, su vínculo con la comunidad, su sentido de pertenencia. Y eso, en un país como el nuestro, es una revolución silenciosa pero profunda.
Transformar la vida de un niño indígena no es un asunto de cifras, es una decisión política y ética. Una escuela que respete su mundo no solo mejora sus calificaciones: le devuelve la dignidad. Y desde ahí, todo es posible.
