Colombia es una democracia constitucional donde el poder público se ejerce por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con funciones separadas pero independientes para alcanzar los objetivos del Estado. La democracia surgió en la Atenas antigua, donde los ciudadanos participaban directamente en el gobierno. El término proviene del griego “demos” (pueblo) y “kratos” (poder), y significa “gobierno del pueblo”.
En El espíritu de las leyes, Montesquieu expuso la teoría de la separación de poderes, identificando tres órganos estatales: legislativo, ejecutivo y judicial. Esta teoría se fundamenta en la necesidad de prevenir la concentración del poder, estableciendo un sistema de contrapesos que garantice el control mutuo entre los poderes. La democracia, desde entonces, ha funcionado así. Como dijo Churchill, no es un sistema perfecto, pero sí el menos malo. En sintonía con esta idea, el fallecido expresidente uruguayo Pepe Mujica afirmaba que “luchar por la democracia, a pesar de sus injusticias y desigualdades, siempre vale la pena.”
Una democracia sana se fortalece en el respeto y acatamiento de las decisiones de cada uno de sus poderes. Por ello, el presidente debe concentrarse en la gestión del Ejecutivo, el Congreso en la legislación y el Poder Judicial en el control de la legalidad de las acciones de todos los poderes del Estado. Hasta la fecha, no se ha concebido un sistema político más eficaz.
Colombia es una de las democracias más antiguas de América, cimentada en sólidas instituciones políticas y jurídicas que han preservado la unidad nacional, garantizando los derechos individuales y políticos, las libertades ciudadanas y la protección de instituciones fundamentales como la familia y la propiedad privada. La Constitución de 1991, con su incorporación de elementos de democracia participativa, impulsó el fortalecimiento y desarrollo de nuestro sistema democrático. El respeto al Estado de derecho, pilar de la tradición democrática, se fundamenta en la autonomía e independencia de los poderes públicos. Su funcionamiento armónico, sin que ninguno prevalezca sobre los demás, garantiza la estabilidad de nuestras instituciones democráticas.
El presidente Petro amenaza la democracia colombiana al incumplir su juramento de acatar la Constitución y las leyes. Esta mala conducta debería ser investigada y sancionada políticamente por el Congreso, su juez natural, que peca por omisión. Según la RAE, subvertir es trastornar o destruir. Tal conducta tiene relevancia constitucional cuando se intenta trastornar el orden constitucional, amenazándolo o desconociéndolo. El presidente ha subvertido el orden constitucional, amenazando con destruir las instituciones democráticas del país.
¿Con qué otro nombre puede llamarse, sino “subversión” del orden constitucional, el hecho de que el presidente incite al pueblo a la violencia en respuesta a la negativa del Senado de no autorizar la consulta? ¿No es subvertir el orden legal que el presidente, ante la decisión legítima del Legislativo (que debe respetar), convoque al pueblo a un paro nacional (28 y 29 de mayo) como arma de presión contra el Congreso? ¿No es subvertir el orden constitucional prohibir que la fuerza pública cumpla su deber de defender a la población si es objeto de violación de sus derechos en medio del paro por él convocado? ¿Sí incita el presidente a la violencia cuando blande la espada de Bolívar en un acto público provocador y amenazante contra el Congreso? ¿Sí incita a la violencia cuando, en actitud desafiante, usa la bandera de un grupo terrorista como lo fue el M-19?
¿Acaso no fue violento y subversivo provocar a la turba que se encontraba afuera del Palacio de Justicia para presionar a la Corte a que eligiera al fiscal? ¿Acaso no se subvierte el orden constitucional por funcionarios dependientes del presidente al ejercer influencias indebidas contra la exministra de Justicia Ana María Buitrago, y la Oficina del Comisionado de Paz le pide un concepto desfavorable para no extraditar a un narcotraficante, contra decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Acaso no se viola la Constitución cuando no se realizan las transferencias de recursos a los departamentos (Antioquia y otros) que les corresponden legalmente? ¿No es amenazar con subvertir el orden decir que se convocará la consulta popular por decreto, sabiendo que hacerlo es inconstitucional?
¿No se violenta la Constitución cuando se compra al presidente del Senado (Name) para que se elija rápidamente un magistrado (Vladimir Fernández), y al presidente de la Cámara (Calle) para que ambos logren la aprobación de iniciativas del gobierno? ¿No es subvertir el orden constitucional desacatar fallos de la justicia, como el del Consejo de Estado que prohibió al presidente usar los canales privados para transmitir los consejos de ministros? Si nada de eso es subvertir el orden constitucional, entonces, ¿qué es violar la Constitución?
Las acciones del presidente no se ajustan al comportamiento de un demócrata respetuoso de la Constitución. Por el contrario, revelan un carácter dictatorial, una imposición de su voluntad a través de la fuerza, contraviniendo la Constitución y las leyes, y menospreciando las decisiones de otros poderes del Estado mediante la coacción.
La situación en Colombia es extremadamente grave. A un año de las elecciones presidenciales, el país se enfrenta a una coyuntura crítica que amenaza la democracia. La defensa de nuestras instituciones democráticas es crucial para salvaguardar la nación y frenar el abuso de poder del presidente, quien ha incumplido su promesa de “gobierno del cambio” violando reiteradamente la Constitución.
