En fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo y Contencioso de La Guajira revoca inhabilidad que pesaba en su contra.
Este jueves 29 de mayo, el político guajiro Pedro Arteta Bonivento celebró públicamente el fallo emitido por el Tribunal Administrativo y Contencioso de La Guajira, mediante el cual se anuló el acto que lo mantenía inhabilitado para ejercer cargos públicos. La decisión ha sido recibida por Arteta como un respaldo a su defensa jurídica y como un reconocimiento a la improcedencia del proceso disciplinario que lo marginó de la vida pública durante los últimos años.
El fallo de primera instancia, contenido en la sentencia del expediente 44001-23-40-000-2023-00090-00, fue proferido por la Sección Primera del alto tribunal, que concluyó que la sanción disciplinaria impuesta carecía de sustento legal suficiente, vulnerando los derechos políticos del demandante. La sentencia señala que la inhabilidad no puede derivarse de faltas que no se encuentren claramente definidas en la ley como causales de pérdida de investidura o inhabilidad, principio consagrado en la jurisprudencia constitucional colombiana.
Pedro Arteta fue visto este mismo día en las calles de su residencia en Riohacha, celebrando con visible emoción el fallo. En un gesto simbólico, lanzó varillas pirotécnicas en señal de su intención de “reconstruir” su vida pública, luego de lo que considera una sanción injusta que afectó su trayectoria política.
Arteta Bonivento, quien ha ocupado anteriormente cargos de elección popular en el departamento de La Guajira, no ha confirmado si buscará aspirar nuevamente a un cargo público. Sin embargo, su entorno ha manifestado que este fallo renueva sus posibilidades políticas y lo reposiciona como una figura activa dentro de los sectores políticos del departamento de La Guajira.
“Cargué con una sanción que no solo me afectó a mí, sino también a mi familia y a quienes han creído en mi labor. Este fallo es una reivindicación, y hoy celebro con la frente en alto porque se hizo justicia”, expresó Pedro Arteta Bonivento.
La decisión del Tribunal Administrativo y Contencioso de La Guajira se suma a otras recientes que recalcan la necesidad de mayor rigurosidad jurídica en la imposición de sanciones disciplinarias, especialmente cuando comprometen derechos fundamentales como el acceso a cargos públicos.
