Hubo un encuentro extraordinario entre el departamento, 15 alcaldías, entre otras entidades con relación a la crisis carcelaria en el territorio.
La Defensoría del Pueblo de La Guajira exigió que se deben garantizar los derechos humanos de la población privada de la libertad, tras la orden judicial que pide al gobierno nacional se pueda atender la crisis carcelaria en poblaciones como San Juan del Cesar, Villanueva y Maicao.
Así se dio a conocer en un encuentro extraordinario adelantando en la gobernación de La Guajira, donde participaron funcionarios del departamento, representantes de las 15 alcaldías y la recién posesionada Defensora del Pueblo de La Guajira, Nayke Yanina Pimienta Reverol.
La entidad defensora de los derechos humanos indicó que “la infraestructura penitenciaria debe ser garantizada en pro de los derechos humanos de la población privada de la libertad en La Guajira”.
Pimienta Reverol acompañó esta reunión extraordinaria, a la que asistieron 15 representantes de La Guajira, convocada tras el incidente de desacato promovido por una tutela interpuesta el 7 de febrero del 2020 por la Personería Distrital de Riohacha.
Dicho desacato ordenó al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC la elaboración y presentación de un proyecto para la creación de dos pabellones de personas privadas de la libertad, para que fueran ubicados en los municipios de Maicao, San Juan del Cesar o Villanueva.
“Reiteramos nuestra disposición para seguir brindando asistencia técnica en la formulación del proyecto de infraestructura penitenciaria o convenios con el INPEC, pues es un paso clave para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”, finalizó.
