La inseguridad se origina de variados aspectos y circunstancias: lunáticas, políticas, personales, sociales, administrativas, educativas, deportivas, laborales y comerciales, entre otras, reflejándose en dos aspectos, público y privado. Es generada por la falta de confianza, dudas, inconsistencias de partes, acciones delictivas, violencias públicas e interfamiliares y corrupción, que se fortalecen y predominan por ausencia, complicidad o falta de autoridad competente que ejerza controles, omitidos por motivos de ineficiencias e intereses particulares, personales o familiares. Esto constituye una causa latente de inseguridad, atrofiando el desarrollo y progreso territorial.
La inseguridad altera los sentimientos emotivos, desequilibra el estado anímico de las personas que la experimentan y la sufren, muchas veces de forma silenciosa por ignorancia, temor y miedo. Sin embargo, algunas víctimas logran estar alertas y se previenen para sobrellevarla, esquivarla y enfrentarla, a sabiendas de los riesgos que conlleva. Estos pueden detectarse a través de la observación de operaciones y comportamientos, dejando entrever indecisiones, titubeos y perplejidad en manipulaciones torcidas sin fundamento.
Por otra parte, la inseguridad también se impone mediante el uso de armas, coacciones, intimidaciones y terror, generando pánico, zozobra y desasosiego, con implicaciones mentales originadas por amenazas, atentados y el predominio de la violencia. Estas acciones incluyen delitos como desalojos forzados, desapariciones, extorsiones, persecuciones, limitaciones de libertades, desamparos y agonías afectivas.
La inseguridad se combate con solidaridad masiva de las víctimas, apoyo mutuo y cooperación popular para enfrentarla de manera directa o en conjunto con la Policía e instituciones gubernamentales, cuando, a través de denuncias o quejas, se tenga información sobre hechos delictivos. Guardar silencio no beneficia ni a las víctimas ni a quienes se muestran indiferentes porque “no es su problema”. Esta actitud refleja insensibilidad y falta de solidaridad, lo que resulta negativo y cuestionable.
El papel de la seguridad y la tecnología
La seguridad se maneja con inteligencia y precisión para afianzar la confianza, pero depende de voluntades e intereses consolidados. La inseguridad opaca y empaña la visión, atormenta hogares y familias, genera discordia y enfrentamientos, disocia, desorganiza, somete y secuestra. Estas situaciones pueden transformar a las personas en zombis, arrumarlas como desechos, esclavizarlas o impulsar más violencia revanchista y, en casos extremos, venganzas. También puede inducir al suicidio, producto de un entorno cargado de odio, rencillas, celos, abandono, falta de amor, desempleo y desigualdades promovidas por gobiernos y regímenes autoritarios y corruptos que se benefician de la inseguridad para desviar y apropiarse de recursos destinados a soluciones colectivas.
Para controlar la seguridad pública, la mejor estrategia es la prevención, enfrentando la inseguridad con atención, conexión popular y la disposición de un equipo humano valiente y transparente que pueda reaccionar de inmediato ante cualquier intento de delito como homicidios, hurtos, secuestros, extorsiones o estafas.
El uso de tecnología es clave en este proceso. Las cámaras aéreas de seguridad, la biometría facial y dactilar, los registros de voz, las redes sociales, los medios de comunicación, las conexiones satelitales y la inteligencia artificial, articulados con patrullajes de drones, son herramientas necesarias para mejorar la seguridad pública.
El gobierno debe presentar un proyecto de ley que establezca el uso de cámaras de seguridad como un servicio público indispensable, similar al alumbrado público, implementando su instalación obligatoria en vías públicas y privadas, conjuntos urbanísticos, instituciones públicas, establecimientos comerciales, educativos, de salud, deportivos, terminales de transporte, centros recreativos y turísticos, fincas, granjas agrícolas e industrias, tanto en zonas urbanas como rurales.
Para administrar este servicio, los alcaldes deben constituir una empresa pública o contratar a empresas privadas que se encarguen del mantenimiento y funcionamiento ininterrumpido de las cámaras. La operación de este sistema puede financiarse con un pago inferior al del alumbrado público, cobrado en la factura de energía y subsidiado con fondos de seguridad territorial. Este servicio funcionaría con energía solar, lo que lo haría sostenible y garantizaría la prevención y reducción de la impunidad. Además, facilitaría la labor de la Fiscalía y los jueces penales al agilizar investigaciones y reducir costos operativos.
La inseguridad institucional y la corrupción
La inseguridad administrativa, judicial, disciplinaria y fiscal es tan o más peligrosa que la generada por organizaciones criminales y delincuentes comunes. La corrupción desnaturaliza los servicios públicos, permitiendo la apropiación indebida de bienes y derechos colectivos a través de prácticas como el prevaricato, el cohecho y el abuso de autoridad.
Algunos gobiernos utilizan el poder y las facultades del Estado para fortalecer redes de corrupción que desvían recursos destinados al bienestar social. Estas acciones generan desconfianza, deterioran la credibilidad institucional y destruyen el tejido social mediante compra de votos, reelecciones corruptas y perpetuación del poder, lo que agrava la inseguridad y afecta el bienestar de la ciudadanía.
Para garantizar la seguridad y el desarrollo social es fundamental promover solidaridad, confianza, buena fe y respeto por la dignidad humana, fomentando la armonía y la cooperación comunitaria. La indiferencia, el egoísmo, la corrupción y la falta de decisiones efectivas solo perpetúan la inseguridad y el deterioro de la sociedad.
