Tramas en corrupción y bloqueos en vías
El año 2024 cierra con escándalos comunes, que nunca faltan por causa de corrupción habitual, en la dirigencia de partidos políticos, que gobiernan y legislan en el territorio nacional de la República Unitaria de Colombia, dispuesta por la Constitución que nos rige; complementadas con los constantes paros en vías: nacionales, departamentales, locales y comunitarias; toleradas por gobernantes, que se eximen o temen deshacerlas, no obstante generar daños y perjuicios a quienes nada tienen que ver con los orígenes de las protestas.
Cuando esperábamos, de manera independiente, que el gobierno de izquierda, en cabeza del presidente Gustavo Petro, cesaran las protestas rutinarias, los constantes paros, invasiones prediales y atracos armados en las vías; por tener por primera vez la oportunidad de mandar, gobernar y cambiar de estilo, mejorando garantías de tránsito, como prometió en campañas políticas, en procura de una paz total, que hasta ahora se ha esfumado, ha resultado lo contrario. Los paros se multiplicaron y se extienden a sus anchas, sin molestias en controles ordenados por mandatarios territoriales, pero tampoco resuelven los motivos que los originan para evitar la mala costumbre de bloquear las vías, aprovechando la pasividad u omisión de autoridades competentes, inoperantes.
Los paros son utilizados para ejercer presiones de inconformismo con determinadas autoridades, por incumplimientos en compromisos, obligaciones o soluciones de problemas y necesidades; pero no deben coartar el libre derecho de movilización, afectando gravemente a muchas personas, sobre todo quienes necesitan de atenciones de salud. No se deben utilizar medidas abusivas de protestas, que derivan y perduran por negligencias de mandatarios. Antes de iniciar diálogos con manifestantes, la autoridad municipal primero debe exigir el desbloqueo, para luego concertar con quienes dirigen y coordinan los paros. Mostrar debilidades es inaceptable.
¿Por qué no se hace uso de la Policía Antidisturbios para que levante cualesquiera obstrucciones de objetos o personas en las vías públicas, por las buenas o por las fuerzas? ¿Será que como vamos, perpetuaremos el martirio de los paros, promovido por una minoría, que daña y perjudica a una mayoría sujeta a pérdidas, cuando deben estar garantizados por autoridades territoriales el respeto a derechos fundamentales, a la libertad de movilización, el ejercicio laboral, compromisos, viajes y atención de salud?
En La Guajira, se está conformando el Frente Ciudadano Antibloqueo de Vías, originado por grupos de personas perjudicadas con los rutinarios paros que llevan a cabo semanalmente, obligándose a convocar a todos los inconformes afectados, para enfrentar y resolver, por su propia cuenta, desbloqueos contra quienes promueven paros en las jurisdicciones del municipio de Maicao y otros municipios, implicando provocaciones de violencia por enfrentamientos personales, que deben prevenirse, pero los justifican en razón de que las autoridades no reaccionan para deshacer los paros repudiados por viajeros y comerciantes, que cuestionan la falta de autoridad para garantizar la movilidad sin traumatismos.
Para evitar ejercer justicia por sus propias manos y las confrontaciones entre grupos humanos, con consecuencias impredecibles, es necesario que las autoridades competentes intercedan en uso de sus funciones, facultades y atribuciones. Los gobernadores, conjuntamente con alcaldes, apoyados por la policía, incluida Antidisturbios, determinen mediante decretos, prohibición absoluta de bloqueo en vías públicas, privadas abiertas al público y férreas; sin excepción alguna de autores y promotores, para ponerle fin a la racha de paros acostumbrados por omisión y responsabilidad de mandatarios, incumplimientos de deberes y obligaciones.
Los tramados de corrupción son el ABC que enlodan poderes, administraciones, servicios y contratos públicos, se perfilan en favorecimientos mediante tráfico de influencias, pagos de peajes, transferencias financieras y muchas prácticas remuneradas, que pasan de manera desapercibida en supuesta normalidad, no obstante estar implícitas de irregularidades e ilicitudes delictivas. La corrupción goza de privilegios en negocios de altas cuantías, intermediados por políticos o profesionales especializados en lobbies.
La corrupción es el cáncer, sida o el peor mal que padece la humanidad, consentido por beneficiarios enriquecidos, implementado y permitido en los poderes, administraciones e instituciones públicas. De la corrupción nadie se ha escapado, ni se escapan, pero no faltan cínicos políticos, que ven la viga en el ojo ajeno y se pliegan a criticar, ignorando que tienen rabos de paja y están escupiendo para arriba. ¿Qué miembros, seguidores y militantes de partidos políticos, que ejercen o han ejercido como servidores públicos, no están manchados e infectados de corrupción? ¿Quién tira la primera piedra?
Ni las tendencias de derecha, ni mucho menos de izquierda, pueden exhibirse como transparentes de corrupción. A esos individuos ni les crean los protagonismos populistas especulativos que divulgan y manifiestan para continuar manipulando y engañando con argumentos de un Mesías salvador.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, quien cuestionaba fuertemente la corrupción, experimenta doble circunstancia de corrupción: una por autoría y otra como víctima, en condición de utilizado y sacrificado. El Ministro de Hacienda, en favor del gobierno, quedó bien acolitando y tapando faltas que implican y comprometen, pero no es de ignorar, por estar el mandatario al tanto de todo movimiento operativo. Sin embargo, obligó la salida del citado ministro, pidiéndole la renuncia.
Así paga la corrupción a inocentes utilizados, encubriendo a beneficiarios, autores intelectuales que pasan desapercibidos en voz baja. El flagelo de corrupción, que supuestamente esperábamos flexibilizar con el presidente Gustavo Petro, pero se inició mal, por participación de familiares (hijo y hermano), se ahondó con las compras de congresistas. Esto no puede negarse por quienes conforman la mayoría en el Congreso, para aprobar proyectos de leyes, como ha sido la desastrosa costumbre de siempre: engrasar, untar mermeladas o asignar cupos participativos (contratos), para comprar los votos mayoritarios de parlamentarios que garanticen las aprobaciones de leyes o modificaciones constitucionales mediante acto legislativo.
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, antes de presentar la renuncia irrevocable solicitada por el presidente Petro, denunció ante la Fiscalía al hijastro del presidente y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, por un presunto entramado de corrupción en la comercialización de energía originada en la represa de Urrá, departamento de Córdoba.
Si somos corruptos, aceptémoslo, antes que negarlo, simulando hipocresía. Mejor salgan del clóset, en doble moral político-administrativa. No se puede tapar el sol con las manos. El título de honorable, nobleza o excelencia no exime ni inhibe del pecado. ¿Y quién no es corrupto en poderes, administraciones e instituciones públicas? El que no sea, incomoda en costumbre, hábito y cultura letal. Pobre nación en poder de politiqueros, gobernada por corruptos.
