La Guajira 2026: ¿seguridad electoral?
A pesar de que mis columnas pueden leerse como un ejercicio personal, prefiero considerarlas como parte de un diario donde comparto emociones, opiniones respetuosas y análisis objetivos basados en realidades tanto ocultas como evidentes.
Es importante aclarar que, antes de abordar el desarrollo de este artículo, resulta necesario y responsable excluir de la discusión a aquellos lograron victorias aplastantes, duplicando o triplicando la diferencia electoral respecto a sus competidores. Las razones son evidentes, pero también considero crucial poner el dedo en la llaga cuando se encuentran en juego los intereses populares, especialmente si estos contradicen no solo la normativa electoral, sino también la voluntad democrática. Nuestro sistema electoral en Colombia debe caracterizarse por el diálogo y el respeto en la defensa de las garantías electorales, tal como lo estipulan la Ley 996 de 2005 y la Ley 403 de 1997.
Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió demandas de varios municipios, como Uribia, Maicao, Albania, Barrancas, Villanueva, Urumita, Manaure, Fonseca, entre otros. Este último caso es particularmente atípico, ya que se estableció la necesidad de repetir las elecciones. Sin embargo, resulta inquietante que casi todos los municipios hayan presentado trazabilidad jurídica y formal ante el tribunal administrativo. Aunque puede parecer razonable que un par de municipios exhiban irregularidades post-electorales, ¿qué implica que casi todos estén en esa situación?
No es común que ocurran situaciones de esta magnitud, y como dice el refrán popular: “no se puede tapar el sol con una mano”. Personalmente, tuve una experiencia cercana en el caso de Uribia. Todo comenzó tres días antes de las elecciones del 29 de octubre, durante la última reunión del comité de seguimiento electoral. Un alto funcionario de la fuerza pública comunicó que el material electoral no sería custodiado en vehículos por agentes de seguridad, como había sido habitual en procesos anteriores, sino mediante anillos de seguridad. Esta decisión inquietó a muchos de nosotros presentes en la reunión.
Poco después, se abordó el tema del transporte para los jurados de votación, y se acordó que los primeros en despachar serían los destinados a la zona norte extrema de la península. El joven encargado de la coordinación aseguró que todo estaba organizado para el 28 de octubre. Sin embargo, resultó ser falso, cuando llegó dicho día, recuerdo haber sugerido comenzar el despacho de vehículos el viernes, debido a las condiciones climáticas, pero la realidad fue que el 70% de los vehículos no estaba disponible. Los jurados de los corregimientos de Bahía Honda, Nazareth, Puerto Estrella, Punta Espada, Puerto López, Casuso, Taroa y otros quedaron atrapados en la sede principal de la Registraduría de Uribia. Las justificaciones del joven encargado eran que los conductores no se habían presentado, lo cual indicaba una grave falta de organización ¿Quizás propiciada?
Días después, presenté un derecho de petición al secretario de Gobierno solicitando información sobre cómo se había invertido el recurso público destinado a la gestión electoral, incluyendo los nombres de los conductores y las placas de los vehículos contratados para este importante evento. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. En otro derecho de petición al registrador, indagué sobre los formularios E-2, que documentan la cantidad de suplentes de jurados que no asistieron a la jornada electoral, así como otros documentos esenciales para evaluar posibles violaciones de las garantías electorales.
Los hallazgos en los formularios E-2 sorprendieron a todos: según la Registraduría, solo 20 jurados habían estado ausentes, contradiciendo lo que cientos de personas observaron el 28 de octubre, cuando más de 200 jurados estaban atrapados en la sede municipal. Además, al auditar los formularios E-11 junto con las resoluciones del Consejo Nacional Electoral sobre cédulas anuladas, se encontró que más de 100 personas que no podían votar, sí lo hicieron. También se reveló que más de 150 jurados que firmaron en los E-11 no estaban reportados como suplentes en los E-2 ni en la resolución emitida por la Registraduría, sin contar las más de 5,000 inconsistencias en los E-11 donde faltaban las firmas o huellas de los votantes. Una situación alarmante.
¿Quién propició esta aberrante y sistematizada situación? O mejor aún, ¿quién y cuánto pagaron por ello?
Por otro lado, el clima no es menos incierto para el molino. Recientemente, se conoció un fallo en contra del alcalde de ese municipio, acusado de doble militancia durante su campaña. Este municipio permanecerá en la incertidumbre administrativa hasta que el Consejo de Estado emita su sentencia de segunda instancia. Sin embargo, no solo se trata de un caso aislado. La mayoría de los municipios están a la espera de resoluciones similares. Algo extraño está ocurriendo, dado que esta situación se presenta, todas estas observaciones las hago excluyendo a aquellos que obtuvieron victorias contundentes y efectivas. Los restantes alcaldes, sin embargo, enfrentan la necesidad de rendir cuentas y contratar a los mejores juristas para demostrar que su elección se realizó conforme a la normativa. El tiempo dirá.
