El cierre social de los proyectos
Las empresas con proyectos de generación de energía eólica en La Guajira subestimaron el cierre social de sus proyectos.
Cuando se está por desarrollar complejos entornos de infraestructura de cualquier naturaleza, llámense amplias autopistas, túneles y viaductos, hidroeléctricas, parques de generación alternativa o grandes centros habitacionales y de comercio, lo que se conoce como megaproyectos, se acude a sofisticados mecanismos de planeación, que implican un diseño básico, un diseño detallado y unas fases de ingeniería, suministros, construcción y operación, agrupados bajo unas gerencias de la mayor exigencia mundial.
Cada vez cobra mayor importancia el impacto que estas tareas descomunales producen en las sociedades que las circundan, pequeñas o grandes. En todas partes del mundo. Cualquiera que se sienta afectado está en el derecho de recibir una explicación de los beneficios que le reportará la obra, cómo se mitigarán los impactos negativos y cuál será la continuidad que tendrá su hábitat, luego de que inicie la ejecución efectiva del proyecto. Este es el cierre social del proyecto, sin el cual no hay cierre financiero que valga.
En Colombia lo vivimos en todas partes. Las carreteras hacen unas curvas absurdas, porque no se logró concertar una compensación con el propietario de un predio para facilitar la línea recta, el camino más corto entre dos ciudades, que debe guiar diseños viales. Entiendo que han transcurrido años para hacer que se consigan los permisos e instalar torres de alta tensión en Boyacá y Cundinamarca, pues hay reticencia a su impacto en el medio, o porque simplemente los propietarios se vuelven codiciosos y quieren pedir esta vida y la otra por su aquiescencia.
Me refiero ahora a lo que sucede en La Guajira. El otorgamiento de licencias para construir parques de generación de energía eólica en cantidad sorprendente -cerca de 16- y con abundante aporte de capital y tecnología de punta no ha cumplido con los tiempos para su instalación, y su atraso ha dejado expósita la confiabilidad de suministro para todo el país. Los parques estaban todos proyectados para construirse en resguardos indígenas, constituidos bajo la legislación colombiana y regidos por sus principios y leyes étnicas. Se anuncia por parte de Enel Green Power el desistimiento de su parque grande y de dos medianos, por falta de garantías para el desarrollo de los proyectos.
El gobierno nacional hizo mal la tarea desde el principio. Igual hicieron las empresas. Y los indígenas wayúu. Son dueños del territorio y carecen de servicios básicos esenciales, pues deben luchar por un poco de agua y qué decir por algo de energía y salubridad; les dijeron que ellos en el futuro se beneficiarían de esas grandes obras, pues serían socios en el 1% de las ventas que hicieran para la red de proveeduría eléctrica nacional. Pero lo que debe suceder es que les solucionen sus necesidades HOY, que les den agua HOY, que les suministren acceso a salud HOY, que les mejoren su entorno HOY. Ayer, realmente.
Cuando las empresas llegaron con su premura a iniciar la construcción, encontraron un gobierno dormido y unas comunidades desatendidas y en miseria. El gobierno aún no despierta. Y eso que quiere impulsar la generación alternativa para mejorar nuestra canasta eléctrica. El gobierno no quiso sudar su camiseta. No se puso al frente de las concertaciones con las comunidades, como le correspondía. Y las comunidades, en el desorden de una prisa que no las caracteriza, pidieron y fueron atendidas a manos llenas. Esa desesperación en “compensar” a las organizaciones alertó las ambiciones y el traslado hacia la zona de muchos familiares de habitantes, que se sienten con derecho territorial. Y aparecieron los avivatos. Aquellos seudo-representantes hambrientos, dispuestos a obstaculizar acuerdos a como diera lugar, pidiendo cantidades tremendas de dinero que sobrepasaron los presupuestos de las empresas, ya de por sí generosos.
No nos digamos mentiras. Ni el gobierno, ni las empresas ni las comunidades fueron capaces de hablar el mismo lenguaje para que los proyectos se acometieran. Si no hay eolo-energía en La Guajira, todos son responsables. Y todos pierden.
No habrá abaratamiento ni mejoramiento del portafolio de generación, haciéndola más limpia. No habrá inversión extranjera confiada en nuestro país. No habrá beneficios sociales pagados a las comunidades con el fruto de los resultados de estas operaciones fallidas. Pero todo bien, como dice el Pibe.
La corte constitucional seguirá visitando cada año a La Guajira, a la espera de ver hecha realidad el cúmulo de órdenes que emitió en su sentencia T-302 de 2017, cuando dijo que había un estado de cosas inconstitucional en el departamento, por el enorme déficit de atención social a sus comunidades.
El gobierno nacional seguirá hablando de la lucha social en pro de los wayúu. ¿Y las comunidades? Bueno, las comunidades habrán gastado los pesos que les dieron por su consentimiento a unos proyectos fallidos y seguirán mirando los carrotanques de la ignominia, parqueados, muy mal parqueados. Con hambre y con sed.
Dicen que Ecopetrol va a comprar el parque Windpeshi. Queda fácil deducir que fue esa la razón por la que no hicieron el menor esfuerzo de permitir el aterrizaje social que demandaban los proyectos.
Amanecerá, y no veremos esos molinos gigantescos, desafiando el viento wayúu.
