Desde hace siete años, se reglamentó la ley 1787 de 2016, que legaliza el uso de cannabis, destinado a la producción de medicamentos, cuyos cultivos, manejos y procedimientos se destinan para uso medicinal en el territorio nacional. La aprobación generó mucho entusiasmo entre los campesinos interesados en participar en esta alternativa de negocio, que prometía mejorar su estilo de vida y bienestar comunitario y social. En las reglamentaciones de la ley, se dispuso expedir licencias para cultivos, semilleros y la utilización específica de las transformaciones y productos derivados de la marihuana, de nombre científico cannabis.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos delegó, por decreto, la expedición de licencias al Ministerio de Justicia, cuando debió ser el Ministerio de Agricultura el encargado, dadas las condiciones agrícolas implícitas en los cultivos e implementaciones de estándares de tecnificación y calidad, regidos por Invima, la autoridad competente para certificar la producción comercial, tanto interna como externa.
No ha habido, por parte del gobierno nacional, ni pasado ni presente, divulgaciones e informaciones que motiven con estímulos a los pequeños, medianos y grandes terratenientes a prever cultivos de cáñamos y cannabis psicoactivo, garantizando el mercadeo de la producción para procesamientos industriales de consumos medicinales, alimenticios en infusión, cosméticos y una serie de innovaciones originadas de los tallos de cáñamos. Los decretos hacen alusión a pequeños y medianos agricultores para expedir licencias de media hectárea o 500 metros cuadrados, con condiciones, prohibiciones y sanciones, algunas drásticas, por incurrencia en errores, que nunca faltan en acciones y operaciones, tanto en principios como rutinarias, por causas de ignorancia y descuidos.
Los valores de las distintas licencias para cultivos de media hectárea oscilan entre 20 y 50 millones de pesos por un término de cinco años, lo que no es muy fácil para una cantidad de campesinos en estado de pobreza. Además de la licencia, deben hacer inversiones en arados, cerramientos y acondicionamiento de tierras estructuradas en invernaderos, construidos por profesionales y técnicos especialistas en referenciados cultivos, teniendo en cuenta varios factores climáticos relacionados con el PH del suelo, temperaturas, vientos, sol, riego, drenajes, etc. Seguidamente, inversión en semillas y semilleros, y por último, asistencias técnicas durante cuatro a seis meses, hasta la recolección del producto agrícola.
Los costos de los servicios que conlleva el primer cultivo son bastante altos y después se reducen para los pequeños y medianos agricultores, que requieren subsidios del gobierno nacional, bajar los precios de las licencias a por lo menos un 20% del valor actual para implementarlos, facilitando: abonos, semillas y seguridad policiva; suscribiendo créditos con bajos intereses en entidades financieras y pólizas de seguros.
El negocio del cannabis es una valiosa alternativa para mejorar las condiciones críticas que estamos viviendo, con las violencias desatadas por carteles y bandas criminales, que se nutren de ilicitudes y confrontaciones armadas sangrientas en el territorio nacional, con alto grado de inseguridad e incertidumbre, que aleja la inversión de quienes quieren producir, comercializar y recrear turismo; generadora de fuentes económicas que, de mucha utilidad, beneficia a Colombia.
Los ingresos de rentabilidad que se originarían del comercio de cannabis superarían las rentas provenientes del café y bananos, conjuntamente. También podrían equilibrarse con los ingresos generados por las explotaciones de hidrocarburos o carbón; que, por causa del cambio climático y el recalentamiento, tienden a erradicarse antes del año 2050. Canadá, Alemania, Brasil y otras naciones están interesadas en comprar cualquier cantidad de marihuana para uso medicinal y recreativo, pero se requiere levantar la prohibición constitucional a las dosis mínimas, implementada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que necesita de la aprobación de ocho debates en la Cámara de Representantes y Senado durante dos periodos legislativos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro debe planificar un programa de inversión agrícola direccionado a cultivar 50 mil hectáreas de cannabis, complementado con cultivos de pan coger, para dinamizar una revolución agrícola, estimulando y acondicionando la participación de las comunidades de manera indiscriminada, en territorios y género humano. La proyección abriría oportunidades laborales, servicios y comercios; beneficiándose de manera directa e indirecta más de dos millones de personas mayores de edad, bajando el índice de desempleo, lo que sería un gran alivio para el gobierno, familias, sociedad y comunidades.
Por otra parte, incrementa la rentabilidad para la nación por ingresos de cultivadores y comercializadores relacionados con las ganancias de las operaciones relacionadas con ventas nacionales e internacionales del cannabis, cuando el precio estimado de exportaciones por tonelada supera el millón de dólares; cantidad que puede recogerse en media hectárea. Se cultivan dos cosechas al año.
