Cada semana, algún agricultor o ganadero, me escribe a consultarme algún tema de interés o a contarme los problemas y riesgos que acarrea esta difícil actividad de producir alimentos. Este espacio, prácticamente, se ha convertido en un consultorio financiero, técnico y comercial del agro, cosa que me agrada, pues, es lo que me ha apasionado toda mi vida.
Durante todos estos años, he visto que hay tres categorías de productores del campo: aquellos que están en problemas, aquellos que justo están saliendo de los problemas, y aquellos que se van a meter en problemas. Hoy, me voy a referir a un triste testimonio de una mujer rural que quiso ser empresaria del campo, pero la ineptitud e indolencia de unos funcionarios, la tienen en un tremendo problema al borde de la quiebra y la pérdida del patrimonio que ha logrado construir con tanto esfuerzo y honestidad, en su vida como emprendedora del campo. La historia es la siguiente:
Hace un año, Karen Castaño y un grupo de productores del campo, decidieron asociarse para desarrollar un proyecto agrícola de 107 hectáreas de yuca en el departamento de Córdoba, aprovechando las condiciones favorables del precio del mercado. Fue una inversión que superó los 620 millones de pesos, de los cuales el Banco Agrario, les financió un porcentaje del valor del proyecto productivo.
Para asegurar la venta futura de la cosecha, suscribieron un contrato con Almidones de Sucre (ADS), una empresa cuyos accionistas son Finagro, con el 65,34% de las acciones e Ingredión (una empresa global líder en harina de yuca), con el 34,66%. Cuenta Karen, que en dicho contrato, la empresa ADS, se comprometió a comprarles 1.600 toneladas de yuca, a un precio de $900.000 la tonelada, puesta en las instalaciones ubicadas en Sincelejo, en un plazo de 12 meses,
Para ponerlos en contexto, el cultivo de la yuca, dura lo mismo que el parto de una mujer (nueve meses) y entre la cosecha, la entrega y el pago, se completan los 12 meses. En los departamentos de Sucre y Córdoba, la mayoría de los cultivos son de pequeños agricultores en predios arrendados, porque el gobierno no los incluyó en el programa de la Reforma Agraria. Mientras la mayoría de los agricultores de yuca sembraron con las lluvias de los distritos de riego de San Pedro y San Isidro, Karen, y el grupo de agricultores, decidieron instalar su propio sistema de riego.
Todo iba muy bien, mientras los demás productores obtuvieron rendimientos promedio de 14 toneladas/Ha, Karen y los asociados, obtuvieron alrededor de 26 toneladas/Ha. Cuando llegó el momento de la cosecha, vinieron los problemas. La empresa Almidones de Sucre, les recortó de 12 a 11 meses, el plazo de compra; les limitó las entregas hasta 200 toneladas mensuales, lo cual deterioró la calidad del producto; solo les ha comprado el 30% del total de la producción y los pagos que estaban pactados a 45 días, están retrasados. Mientras tanto, Karen tuvo que ampliar el contrato de arrendamiento de la tierra y reestructurar su deuda con el Banco Agrario, porque no tiene como amortizar el crédito. Qué triste testimonio y qué impotencia.
