La reciente aprobación de la reforma pensional en Colombia ha generado un debate encendido, no solo en los pasillos del Congreso, sino también en las calles y comunidades de todo el país. La Cámara de Representantes, en un movimiento sorpresivo, decidió aprobar el proyecto de ley sin debatirlo, adoptando el texto proveniente del Senado. Este acto, calificado por algunos como un “pupitrazo”, ha sido criticado por sectores de la oposición, quienes aseguran que el procedimiento estuvo viciado y amenazan con llevar el caso a la Corte Constitucional.
En La Guajira, solo un pequeño porcentaje de la población alcanza la edad de jubilación con una pensión asegurada. Según datos recientes, menos del 10% de los adultos mayores en esta región reciben una pensión, lo que deja a una vasta mayoría de la población sin una red de seguridad en la vejez. Este problema es aún más pronunciado entre las comunidades indígenas, como los Wayuu, que enfrentan barreras adicionales de acceso y reconocimiento de sus derechos dentro del sistema formal.
La reforma pensional propuesta introduce un sistema de pilares que busca ampliar la cobertura a más personas en situación de vulnerabilidad. El pilar solidario, por ejemplo, ofrece un subsidio para hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que no tienen pensión. Este cambio podría beneficiar a muchos adultos mayores en Riohacha y en las comunidades Wayuu, proporcionando un alivio financiero crucial.
A pesar de sus intenciones, la reforma enfrenta críticas sobre su viabilidad y equidad. La implementación del nuevo sistema está programada para el 1 de julio de 2025, lo que da al Gobierno un año para preparar a Colpensiones y otras entidades para el cambio. Sin embargo, Colpensiones ya ha expresado preocupaciones significativas. Actualmente, la entidad enfrenta problemas tecnológicos y de gestión que podrían ser exacerbados por la llegada de millones de nuevos usuarios.
Además, la falta de debate en la Cámara de Representantes ha dejado muchas preguntas sin respuesta. La oposición señala que el proceso de aprobación vulneró principios básicos del funcionamiento legislativo, como la deliberación y la publicidad. Esta situación crea incertidumbre sobre la estabilidad y la eficacia de la reforma a largo plazo.
Un precedente importante en esta materia es el fallo de la Corte Constitucional (C-074-21), que declara inexequible un proyecto de ley aprobado por la Cámara al acoger el texto del Senado. La Corte señaló que “no conocer de manera suficiente lo que se aprueba, o negar la posibilidad de proponer, debatir o ajustar, constituye una abdicación de las responsabilidades que a ese órgano le confió la Constitución”. Este argumento resalta la necesidad de un proceso legislativo transparente y deliberativo, algo que, según los críticos, faltó en la reciente aprobación de la reforma pensional.
Para las comunidades Wayuu y los residentes de Riohacha, la reforma pensional podría representar una oportunidad crucial para mejorar la seguridad financiera en la vejez. Sin embargo, esta oportunidad no puede materializarse sin un compromiso real del Gobierno para abordar los desafíos técnicos y administrativos que enfrenta Colpensiones. Además, es esencial que las particularidades y necesidades de las comunidades indígenas sean consideradas en la implementación del nuevo sistema.
El bloque de parlamentarios guajiros, que históricamente ha carecido de la cohesión necesaria para abordar temas cruciales para nuestro departamento, tiene una oportunidad de oro para unirse y trabajar en beneficio de sus habitantes. A diferencia de regiones como Atlántico o Cesar, donde los parlamentarios actúan en bloque para defender los intereses de sus comunidades, La Guajira necesita que sus representantes, junto con el gobernador Jairo Aguilar y otros líderes locales, aboguen por un enfoque inclusivo que garantice que las voces de las comunidades más vulnerables sean escuchadas. La reforma pensional tiene el potencial de transformar vidas, pero solo si se implementa con equidad y sostenibilidad.
La historia nos ha enseñado que las reformas apresuradas y mal planificadas pueden causar más daño que beneficio. Por ello, es fundamental que esta reforma no solo sea un cambio legislativo, sino una verdadera transformación social que refleje los principios de justicia y equidad. Solo así podremos garantizar un futuro digno para todos los colombianos, incluidos nuestros hermanos Wayuu y los pensionados de Riohacha.
En este momento de cambio, debemos recordar que la verdadera medida de una sociedad es cómo trata a sus miembros más vulnerables. La reforma pensional es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con esta causa, asegurando que ningún adulto mayor quede desamparado en su vejez.
