Un documental publicado por el canal Caracol Televisión, relacionado con la crisis y los problemas que aquejan y se originan en los habitantes de la Alta Guajira por la ausencia de agua, mostró el deprimente extremo de tener que utilizar y compartir el consumo de agua de jagüeyes con animales domésticos, caprinos y vacunos. Ver en el documental a algunos niños mostrando a las cámaras cuando cogen un vaso de agua del jagüey, turbia, barrosa y putrefacta, para tomársela, parte el alma por la exposición a problemas de salud que puede afectar la vida y el desarrollo de esos niños en el futuro. Pero es una realidad que no podemos esconder.
Lamentable que en La Guajira, un departamento minero energético único en Colombia, sus hijos nativos indígenas vivan en precariedad y miserias por factores evidentes de responsabilidades compartidas. El departamento peninsular no justifica vivir esta necesidad desgraciada cuando del mismo se han extraído grandes riquezas en carbón y gas. También se emprenden múltiples proyectos de energías alternativas, solar y eólica, pero no ha habido forma de que los gobiernos nacional, departamental y municipal logren resolver el problema eterno del agua, del cual padecen los 15 municipios del departamento.
La Guajira parece que no tuviera doliente entre quienes la representan y gobiernan, por estar pringados o contaminados de corrupción. No les interesa definir soluciones definitivas sobre problemas que nos atañen. De nada ha servido botar tanta plata, solventando y mitigando a medias parte de las necesidades vitales, si las graves situaciones siguen críticas.
De nada ha servido hacer obras relacionadas con la extracción de aguas subterráneas o mediante desalinización, si no las concluyen y las abandonan, perdiéndose recursos económicos invertidos por negligencia y desatención de autoridades. Las obras no solo deben construirse, sino también deben entrar en operación, dirigidas por una administración que cumpla el objetivo del servicio previsto de funcionamiento, garantizando cuidados, conservación, mantenimiento, reparaciones y reposiciones cuando los elementos integrales los requieran.
En el citado documental de Caracol Televisión, denunciaron que el alcalde actual, junto con el mandatario antecesor, negociaron votos por tanques para depósitos de agua entregados en rancherías, que provenían de la UNGRD, a través de un parlamentario que gozaba de influencias en la referenciada unidad, que deben destinarse y entregarse de manera indiscriminada y en forma inclusiva.
También denunciaron el suministro de agua recogida en jagüeyes, vendida con facturación superior a los cien mil pesos por carros tanques pequeños contratados por la administración municipal para distribuir líquido inservible y dañino al consumo humano. Ni los alcaldes pasado ni presente, ni mucho menos el senador y representante a la Cámara, que entramaron las negociaciones en compras y trueques de votos, dieron la cara para que respondieran por sus acciones de corrupción.
La Guajira necesita una gran inversión para acondicionarla y adecuarla en explotación de turismo, siendo lo primordial el agua, en segundo lugar, la seguridad, y complementaria, transportes de diferentes modalidades; para lo cual se necesitaría un presupuesto de USD 1.500 millones, destinado a las construcciones de obras relacionadas para la operación de la represa del Ranchería, implementar el servicio de cuatro grandes plantas desalinadoras para abastecer los municipios de Manaure, Uribia y parte de Maicao; en conexiones globales de redes originadas de distintas fuentes proveedoras de agua, para distribuciones domiciliarias en la Alta Guajira, corregimientos y comunidades rurales y demás obras necesarias.
Acondicionamientos y aperturas de vías, puertos y terminales que conecten los distintos destinos para facilitar el tránsito en vías terciarias en zonas agrícolas y desérticas. Por último, implementar planes de seguridad con cámaras aéreas, drones y servicios de personal mixto, compartidos con la policía nacional y vehículos; entre otros, para ofrecer seguridad en la explotación económica de La Guajira.
Inversiones en la Alta Guajira inferiores a cien mil millones de pesos es plata perdida en un tanque sin fondo. La propuesta puede materializarse entre 4 a 6 años, sin riesgo en la recuperación de la inversión en un término inferior a 10 años. Se requiere terminar con pañitos de agua tibia y emprender en grande, para crecer y no continuar atrofiados, pasmados y frustrados. Para responder por el compromiso financiero, sobra con que disponer, si no seguimos gobernados y representados por politiqueros corruptos. No venda el voto para que gobiernen los mejores en calidad, competitiva, comparativa.
De no resolverse el problema de fondo, seguiremos en las mismas, pasivos, indiferentes e indolentes, con las muertes de niños y adultos mayores relacionadas con la desatención en salud y el consumo de agua contaminada. ¿De qué sirve tener obras inconclusas e inoperantes o terminadas y abandonadas? De nosotros depende cómo resolver nuestras afectaciones críticas, sobre todo, de quienes gobiernan y nos representan de manera popular, que asuman la responsabilidad que les asiste para accionar, gestionar, operar y defender derechos, bienes e intereses.
Es una fatalidad no tener quien vele por las necesidades y problemas inocultables, pero peor aún, que aprovechen las tragedias para apropiarse de los recursos destinados a soluciones humanitarias, como venía ocurriendo sigilosamente con la UNGRD, de donde se beneficiaron senadores y representantes a la Cámara. Como pudo demostrarse con los robos y prácticas de corrupción que tuvieron lugar en La Guajira con compras de carros tanques, ollas comunitarias y otras ilicitudes; que los comprometen, recibiendo leves castigos por perversidades, para echar por tierra abusos aberrantes que ya ni avergüenzan a la hipócrita delincuencia de cuello blanco que gobierna, legisla, judicializa, disciplina y penaliza, repartiéndose los recursos económicos que se apropian de manera ilícita o, más claro, se la roban sin ningún pudor, gozando de complicidad y premio de autoridades competentes que participan del sucio negocio retributivo.
