Pasamos de las sequías a inundaciones, cuando rondaba el fantasma de apagón, racionamiento y el encarecimiento del precio de la energía generada por termoeléctrica. Las fuertes corrientes ribereñas del Cauca reventaron el muro de contención o dique, “Cara e Gato” en La Mojana, afectando municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba. Por otro lado, también causa emergencia en los departamentos de Santander, Tolima, Caldas, Antioquia y Nariño.
Es causa de preocupación tener que pasar otro apagón, como el que se vivió en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, por término superior a un año, partiendo del año 1992, provocada por el fenómeno del “Niño”, donde tuvo que habilitarse e importar plantas termoeléctricas, para garantizar el servicio a media, en distribuciones de energías, local y departamental, con suspensiones del servicio hasta de 16 horas día, de racionamiento justificados, en la sequías de un angustioso verano, que descendió a su más bajo nivel, el volumen de agua de las represas ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional, quedando fuera del servicio de generación de energías, en circunstancias similares a las que se aproximaban en el devenir, si los volúmenes de capacidad de agua no superaban el 27%, entre finales del mes de abril y el curso del mes de mayo.
A los cortes de energía, les denominaban “La hora de Gaviria”, atormentando los ánimos y la paciencia de los residentes en el territorio nacional. También afectó la salud de muchas personas, víctimas del calor, llevando algunos hasta la tumba, por causa de infarto y de falta de oxígeno. Pero eso no fue todo, también puso a tambalear y quebró industrias, comercios y una cantidad de prestaciones de servicios. Se dispararon los precios de la energía eléctrica, en valor superior al que se venía pagando, no obstante padecer de 100 hasta 200 horas mensuales de suspensión del servicio. Justificaban el incremento del precio de la energía, en el alto costo de producción de energía en las generadoras térmicas.
La Guajira fue el territorio que tuvo la dicha de suministrar energías desde dos centros de operaciones de generación, a cargo de Corelca, a través de “Termo Guajira” y “Termo Ballena” en los municipios Dibulla, antes Riohacha y Manaure. A la vez fue el mayor proveedor de combustibles, para suministrar a las plantas térmicas, no solo de La Guajira, sino de la Costa e interior, Gas y Carbón, en suficientes cantidades, con tan mala suerte, de tener que sufrir el rigor de una recompensa de mayor duración de suspensión de energía, excediendo más de 8 horas diarias, a diferencia de los distritos capital de Colombia, con 4 horas de suspensión diarias.
Como no había la cantidad de plantas térmicas para abastecer el servicio, se acudió en declarar estado de emergencia e importación de plantas, unas adquiridas mediante compras y otras arrendadas, cuya comercialización o negocio, terminó en escándalo de corrupción, de los que nunca faltan, en distintas formas y fondos de saqueos, robos y detrimentos, en transacciones infladas y de mala fe; avalado por el gobierno de turno, aun cuando algunos terminaron judicializados, encarcelados y condenados; a diferencia de los que aprovecharon la emergencia del servicio, para multiplicar riquezas, con negocios colaterales.
La luz era suspendida en cualquier hora, del día, noche o madrugada, modificando y alargando una hora, igualándola con Venezuela, que diferenciaba en esta. Terrible ese acontecimiento que dejó tristes recuerdos y muchas anécdotas, de quienes vivimos esa odisea. Repetir los hechos no sería nada raro, si se incurre en negligencia e indiferencia, imperdonables. Debemos aprender de los golpes que nos dejan enseñanzas, iniciando con prevenciones y concluyendo con soluciones. Desde hace 15 años viene el furor de novedad de la energía alternativa (solar y eólica) y es muy poco la acción política de los presidentes gobernantes, para materializarla, con escasas e ínfimas inversiones.
Está en mora de que se ejemplarice por el gobierno, el uso de la energía alternativa, específicamente, paneles solares, para que se implemente de manera generalizada, en entidades e instituciones públicas, del orden nacional, departamental, distrital y municipal, alcaldías, gobernaciones, colegios, hospitales, ejércitos, policías, cárceles, etc. De esa forma, pueden consumir desde un 30% a un ciento por ciento de energía eléctrica, de acuerdo con la luminosidad territorial.
Las entidades públicas son las que más adeudan a los comercializadores de energía. De igual forma, deberían suministrarle sin ningún costo, dos o tres paneles solares, a las viviendas de estrato uno y dos, para evitar los robos de energías. Por último, subsidiar el estrato tres y habilitar líneas de créditos blandos para adecuar sistema eléctrico alternativo, residencial y comercial, con energía solar, bajando de esta forma los costos de consumo, blindando garantías de estabilidad y confiabilidad, dejando a un lado el temor de un nuevo apagón y el alto precio de la energía tradicional.
