El Gobierno Nacional debe poner en marcha acciones integrales, contundentes y prontas, puesto que la grave situación de inseguridad alimentaria en La Guajira sigue cobrando vidas de niñas y niños.
El más reciente caso tuvo lugar en Riohacha, capital del departamento, donde murió un bebé de dos meses a causa de desnutrición severa, y a ello se suman las quejas relacionadas con la inoperancia y falta de cobertura de los programas para la primera infancia.
“Le solicitamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informar detalladamente la situación actual de la prestación de los servicios a la primera infancia en La Guajira. También es necesario conocer el número de niñas y niños que hasta la fecha han sido atendidos bajo cada modalidad de atención”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Entre enero y marzo del 2024, según información del Instituto Nacional de Salud, en La Guajira fueron notificados 649 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de cinco años. El 84% de los casos correspondió a población indígena; en la misma línea fueron reportadas diez muertes por desnutrición y causas asociadas, dos de ellas confirmadas y ocho en estudio.
“La vida, salud y seguridad alimentaria son derechos no susceptibles de espera o demora por cuestiones administrativas. Por ello insto a los órganos de control a identificar, investigar e implementar las acciones necesarias para que las entidades con responsabilidades en la actual situación actúen conforme a sus obligaciones”, expresa el Defensor del Pueblo.
La preocupación crece, añade Camargo Assis, “pues pese a los discursos y anuncios del Gobierno Nacional para mitigar los casos y muertes por desnutrición, en La Guajira siguen falleciendo las niñas y los niños por esa causa. Lo que está sucediendo no se resuelve con discursos de voluntad; las acciones integrales, eficaces, estructurales y coordinadas se deben desarrollar y poner en marcha de manera urgente”.
Si bien es cierto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está adelantando estudios para implementar una modalidad propia que tenga en cuenta el enfoque étnico diferencial, no puede ser excusa para desatender la situación de inseguridad alimentaria en el territorio.
“Además de los estudios y pilotajes que se realizan en La Guajira, se debe dar respuesta a las problemáticas estructurales y no afectar la continuidad de las modalidades para la primera infancia, se deben lograr acciones que permitan garantizar el derecho a la alimentación de la niñez”, afirma Carlos Camargo Assis.
Es importante, así mismo, adelantar acciones y programas que tengan en cuenta el enfoque étnico y territorial, los usos y costumbres de las poblaciones; sin embargo, mientras se surten los procesos y estudios pertinentes, las niñas y los niños de La Guajira deben estar vinculados a los diferentes servicios y modalidades de atención.
Los programas dirigidos a la primera infancia, prestados por el ICBF, resultan esenciales porque niñas y niños entre los 0 y 5 años cuentan con una atención integral: refrigerios en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde, con el objetivo de contribuir al 70% de los requerimientos nutricionales.
Lo anterior es solo una de las acciones que deben ser garantizadas, no obstante, no es suficiente, deben ser atacadas las causas estructurales que por años han cobrado vidas de niñas y niños de La Guajira. Es necesario una mayor cobertura de acceso al agua, lograr que la población cuente con alimentos de calidad y ricos en nutrientes, además de la continua búsqueda activa de casos, con el objetivo de identificar de manera oportuna cuándo una niña o niño padece desnutrición.
“Lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el eje transformador del derecho fundamental a la alimentación no puede quedarse en el papel, la desnutrición en la niñez debe ser una prioridad en la agenda nacional”, finalizó el Defensor del Pueblo.
