La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley de servicios públicos 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad, vigente hace casi 30 años. El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro económico mundial y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.
El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento a las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso anual de Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones (ANDESCO), anunció su intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del Presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.
Pero, posteriormente, el mismo Consejo de Estado terminó anulando el nombramiento de varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando ésta prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como lo manda la Ley sus reemplazos, dispuso encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en su interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se reemplazó con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.
Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el qüorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su Director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”.
Y para rematar, luego vendría lo peor, José Fernando Prada, habiéndosele vencido su período, renunció ante el despacho del Ministro de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete.
Hasta ahora sólo se ha hecho efectivo el nombramiento en propiedad de uno sólo de los 6 expertos comisionados que integran la CREG, al ingeniero Omar Prías, prolongando la parálisis de la CREG por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno. En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más parece el canto del cisne, en el cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”. Ello es inaudito!
Y ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía el septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, ya las empresas operadores de red quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos se quedó en el tintero.
Como lo denunció el Delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15% (¡!)
Y mientras tanto el Ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”. Será esta una de esas profecías autocumplidas? No hay derecho!
