Inició en firme una investigación en la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que se determinen presuntas irregularidades en la programación, distribución y contratación de los recursos AESGPRI del Resguardo de Alta y Media Guajira en jurisdicción del municipio de Manaure.
La denuncia es realizada por autoridades tradicionales wayuu, quienes exigen a los entes de control e investigativo que “se corrijan las ilegalidades e irregularidades que se han realizado para la ejecución de los recursos AESGPRI vigencia 2022-2023 del Resguardo de Media y Alta municipio de Manaure con la finalidad que no se dilapiden y se roben los recursos sin que recibamos ningún beneficio o impacte positivamente nuestros planes de vida y el mejoramiento de nuestra calidad de vida”.
Cabe indicar que en la denuncia se reveló el dinero, presuntamente, que no aparece, sería de alrededor de 38.618.596.978 mil millones de pesos.
“Por eso es que los niños están muriendo de hambre y los miembros de las comunidades indígenas están padeciendo tantas necesidades”, advirtieron.
Las autoridades tradicionales hablan de una asamblea realizada con distintas autoridades en el mes de diciembre del año 2022, donde fungió como alcalde el secretario de gobierno de Manaure, José David Álvarez Toro y además estuvo presente la secretaria de asuntos indígenas del municipio. Al igual que otras autoridades como defensoría del pueblo, Mininterior, entre otros.
Cabe recordar que esta situación ha generado varias manifestaciones en la troncal del caribe, en jurisdicción del municipio de Manaure, por parte de las autoridades tradicionales wayuu y quienes señalan de dicha conducta irregular a la administración municipal de Manaure, en cabeza del alcalde Elven Meza Barros.
La denuncia revela además que hubo amaño en medio de dicha asamblea y trae a colación la conducta punible de falsedad ideología en documento público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Finalmente, son en total 14 elementos materiales probatorios y elementos materiales físicos con los que cuentan las autoridades tradicionales para determinar que sí hubo irregularidad e ilegalidad en dicho proceso.
Estas pruebas ya están en poder de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, a fin de establecer responsabilidades en dicho proceso administrativo.
