Reiteradamente, el presidente ha pedido acelerar la compra de tierras para reforma agraria, pues mientras las ofertas suben en ascensor, las compras lo hacen por escalera.
En febrero, la Agencia Nacional de Tierras reportó 1,9 millones de hectáreas ofertadas. En abril, su director, Gerardo Vega, le informó a El Espectador que “Hemos avanzado en compras masivas, más de 147.000 hectáreas pasaron la prefactibilidad técnica y jurídica”.
En agosto, en entrevista para El Tiempo, afirmó que “Nos han ofertado más de 1,6 millones de hectáreas y de ellas hay 764.000 con prefactibilidad y dispuestas para comprar … Van 189 propiedades compradas, equivalentes a 32.999 hectáreas”. Además de una diferencia de 300 mil hectáreas en tierras ofertadas, hasta agosto solo se habría comprado el 4,3% de lo disponible y el 2% de lo ofertado.
Hay problemas de información; Fedegán los ha tenido para hacerle trazabilidad a las ofertas de sus afiliados, que suman 580.000 hectáreas; pero lo cierto es que el Gobierno ya puede comprar las primeras 500 mil, si tiene plata para hacerlo, pues, con la adición de 800 mil millones a la ANT, su presupuesto, incluido funcionamiento, llegó a 1,9 billones.
No es suficiente, pero cuando los recursos son escasos, las sinergias son valiosas. Si se orientan hacia el depósito del 30% que contempla la “enajenación temprana” de bienes en proceso de extinción en la SAE, ¡340 mil! hectáreas a julio de 2022, además de 99 mil extinguidas, se podrían entregar esas tierras liberando recursos para más compras.
El cuello de botella está en la operatividad del proceso, desde la oferta, la evaluación de prefactibilidad y el avalúo comercial del IGAC, hasta la compra y posterior entrega, con proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo Rural y apoyo del sector privado. Hoy estoy en Fonseca, Guajira, con la ADR, la ANT, el Ministerio y Banagrario, explorando el mecanismo de compra parcial con financiación al propietario y proyectos productivos al beneficiario, que el presidente llamó el 50-50.
Si el diagnóstico es de insuficiencia operativa, hacia allá deben ir los esfuerzos, sin distraerse en opciones, como el proyecto de decreto que establece la extinción administrativa del dominio y amenaza la propiedad privada, afectando el proceso de oferta voluntaria, que hoy sube “en ascensor”.
El camino es eliminar trabas, reducir trámites y fortalecer a la ANT, para que logre ejecutar el presupuesto de la vigencia y pueda enfrentar el reto de 2024, con una adición anunciada de 5 billones para compra de tierra.
El Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno es un componente esencial de ese proceso. El gremio ganadero está cumpliendo, pues lo entendemos como un piloto de diálogo, consensos y resultados, para avanzar en el Gran Acuerdo Nacional, el que Álvaro Gómez convirtió en propósito nacional; el Acuerdo aplazado que, hoy, el futuro de Colombia nos reclama.
