La mayoría de los proyectos de generación y transmisión de energía presentan atrasos significativos
Andesco, Acolgen, Andeg, SER Colombia, Naturgas, ANDI, Asoenergía, Acce y Asocodis, principales gremios del sector energético de Colombia, están inconformes con lo establecido por el Gobierno de Gustavo Petro en La Guajira, relacionado a la emergencia económica para contrarrestar la crisis que vive este departamento.
Así lo dieron a conocer por medio de una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, en la cual explican los efectos que traerá el Decreto 1276 de 2023, “por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de las cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.
En la misiva, dejan claro que reconocen la importancia de La Guajira para el país, así como la transición energética. Por lo tanto, expresan su apoyo al desarrollo social, económico y cultural de la región.
Los gremios afirman que es fundamental la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía en este departamento, ya que estos permitirán no solo la ampliación de la oferta y la diversificación de la matriz eléctrica del país, sino también el mantenimiento y creación de nuevos empleos en la región.
Además, resaltan la intensificación de las transacciones comerciales relacionadas con los proyectos, generando riqueza para todos los habitantes y atrayendo nuevas inversiones para aumentar las condiciones de prosperidad en una región que tiene el potencial de convertirse en un polo de riqueza en los años venideros.
Por esta razón, apuntan que la mayoría de dichos proyectos presentan atrasos significativos respecto a la fecha inicialmente planeada para su entrada en operación y, por lo tanto, requieren soluciones urgentes sin afectar la atención de la demanda, ni el bolsillo de los colombianos, ni la seguridad jurídica.
“Observamos con gran preocupación que las medidas definidas en dicho cuerpo normativo no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica de La Guajira, en tanto no solucionan la ausencia de infraestructura, ni el atraso en el desarrollo de los proyectos de energía y, menos aún, las grandes dificultades sociales que se presentan en el departamento”, señalaron.
De acuerdo con estos, la mayoría de las disposiciones previstas en el decreto generan un impacto negativo para todo el país y, en específico, para los usuarios del servicio de energía eléctrica, lo que ocasiona incrementos en las facturas, tanto por la suspensión de contratos de energía como por el aporte definido para el departamento.
“Paralelamente, con la modificación de las subastas de cargo por confiabilidad, se están realizando cambios estructurales al mercado de energía que también afectarán a los usuarios en el largo plazo, con injerencias en la libre competencia en la oferta, la formación eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas”, enfatizaron.
Lo anterior, en un momento en que la atención segura de la demanda y diversificación de la matriz energética requiere más de ellos. Además, que por la vía de la emergencia se alteran las condiciones de sana y libre competencia, no solo al respecto de los proyectos a desarrollar en La Guajira, dado su riqueza eólica y solar, sino en general para todo el país.
