El presidente Gustavo Petro se negó a firmar la suspensión del alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez Cotes, la cual fue realizada por tres meses por la Procuraduría General de la Nación por determinar presuntas irregularidades en el proceso del nuevo operador de acueducto y alcantarillado para la ciudad.
Pasado los tres meses, la Procuraduría General de la Nación esperaba la decisión de un encargo para la alcaldía de Riohacha, pero en un documento que fue enviado al Ministerio Público, el mandatario de los colombianos se negó a realizarlo.
Esto provocó la reacción inmediata de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.
“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República que, desconociendo el estado social de derecho, quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia determinó que, en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal sino múltiples autoridades porque este fenómeno sobrepasa los límites casi del mundo entero”, dijo la Procuradora General de la Nación.
Mientras tanto, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, emitió un comunicado de prensa afirmando que retornaba a sus funciones.
“Teniendo en cuenta el Control de Convencionalidad ejercido por nuestro Presidente Gustavo Petro, a través del oficio dirigido a la Procuradora General de la Nación el día 25 de julio de 2023, a las 3:35 de la tarde y recibido bajo el radicado E-2023-472696, refiriéndose a la medida cautelar de suspensión de mi cargo como alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, me permito informar que: con mi acostumbrado respeto a las normas constitucionales y a los organismos de control, como también al acto proferido desde el pasado 27 de abril por la procuraduría delegada que ordenó mi suspensión como alcalde de Riohacha, me aparté del cargo, cumpliendo con el tiempo de suspensión. Atendiendo a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones como alcalde electo del Distrito de Riohacha”, afirmó el burgomaestre.
Al respecto también se pronunció el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna.
“Dentro de esa normatividad, que es absolutamente clara y establece que la Convención Americana tiene primacía sobre el Derecho interno es como el Señor presidente, Gustavo Petro, devuelve la solicitud a la Procuradora de suspender provisionalmente a un alcalde distrital. Colombia no es una isla, y leyes como las de la Convención Americana forman parte del derecho interno colombiano. La Procuraduría General tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana su atribución se constriñe a la vigilancia en los casos de los funcionarios elegidos popularmente”, puntualizó.
Cabe indicar que, al rechazar dicha solicitud, el presidente Petro anunció su decisión de remitir el Concepto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, informó ayer mismo que se prorrogó por tres meses más la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.
“La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. El pasado 26 de abril, el órgano de control había suspendido al funcionario por un término similar, medida cautelar que fue enviada en consulta a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, instancia que confirmó la decisión adoptada”, revelaron.
Finalmente, dijo el Ministerio Público que “consideró que se cumplen los requisitos para prorrogar por otros tres meses a Bermúdez Cotes, ya que su permanencia en el cargo podría posibilitar la reiteración de la falta, pues mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”.
