La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció la entrada del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional en el desalojo en la comunidad indígena Santa Clara, en Riohacha.
Esta diligencia judicial se cumplió el día de ayer 26 de abril a las afueras de la capital de La Guajira. La administración distrital no se pronunció al respecto sobre lo acontecido y sobre los motivos del proceso judicial.
“Desalojo ilegal y desplazamiento forzado del territorio ancestral de la comunidad wayuu Santa Clara en Riohacha, por orden de la Inspección de Policía del municipio. La comunidad Indígena Santa Clara del pueblo wayuu en el kilómetro 7 de la vía Riohacha – Valledupar la conforman más de 50 familias -en su mayoría mujeres, niños y adolescentes- que habitan ancestralmente el lugar, reconocido legalmente como parte del sistema de sitios sagrados Línea Negra – Seshiza por Decreto presidencial 1500 de 2018, según afirma la Subdirección de asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras en su Oficio del 09 de mayo de 2022 (rad. 202226200393362)”, informó la ONIC mediante comunicado de prensa.
Por esta situación ocurrida el día de ayer, la ONIC solicita al ESMAD, Inspección Municipal de Policía y Alcaldía Municipal de Riohacha “respetar el cordón humanitario conformado por la comunidad para proteger sus familias y territorio y suspender de forma inmediata la diligencia de lanzamiento por las razones expuestas. A las Oficinas de DDHH de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa: las directrices nacionales para respetar y proteger el cordón humanitario, ordenar la suspensión del desalojo, e impedir el uso de la fuerza armada contra la comunidad”.
Además, solicitó la Organización Indígena “al Ministerio del interior y la Consejería Presidencial para los DH: Coordinar las acciones interinstitucionales para proteger a la comunidad en riesgo, de agresiones de la fuerza pública, despojos ilegales y desplazamiento forzado. A la Defensoría del Pueblo: la emisión de las alertas tempranas de rigor y el acompañamiento integral requerido por la comunidad, para proteger su integridad y derechos, frenar las agresiones de la fuerza pública, despojos ilegales y desplazamientos en su contra. A la Procuraduría General de la Nación: El seguimiento e investigación a las entidades y funcionarios públicos involucrados en el proceso de agresión armada y despojo contra esta población de especial protección constitucional”.
Finalmente, dijo la ONIC que “al Sistema de Naciones Unidas en Colombia: el llamamiento al Estado Colombiano y su acompañamiento para proteger el cordón humanitario organizado por la comunidad, evitar el desalojo, uso de la fuerza armada y desplazamiento de las familias de Santa Clara”.
