En plena inspección judicial de la Corte Constitucional fueron hallados varios niños, niñas y hasta adolescentes con enfermedades, teniendo que intervenir los Magistrados para que los funcionarios del ICBF los atendieran.
Según Javier Rojas Uriana, líder wayuu y defensor de derechos humanos, el caso se registró en la Alta Guajira, en Bahía Honda, en una comunidad llamada Flor de Melurru.
En un video que suministro el dirigente wayuu, se evidenció lo ocurrido en la diligencia de inspección judicial para determinar si se viene cumpliendo con la Sentencia T-302.
“Una niña de 8 años. Una joven de 18 años. Una adolescente de 16 años. Miremos el agua a ver qué puede estar pasando. Una de las niñas se ve bien, pero anteriormente le pudo haber pasado también lo mismo. Ella estudia y trabaja, el niño busca leña todos los días. Muchos niños están con necesidades en esta comunidad”, dijo una de las líderes wayuu, quien informó y tradujo al Magistrado lo que pasaba con los adolescentes y los infantes.
A lo que el Magistrado respondió que “visitemos el hogar Aquí está el ICBF para el tema de salud. Son cuatro menores de edad. Que el municipio en salud pueda tener el registro de los menores”.
Por su parte, funcionarios del ICBF seccional de La Guajira revelaron que se avecinaba una unidad móvil para esta zona de la Alta Guajira, en jurisdicción de Bahía Honda, para atender a esta población.
“Miremos si fueron los alimentos que se les dio a los menores de edad. Ustedes en teoría son muy generosos”, dijo otro de los líderes wayuu de la comunidad.
En la diligencia judicial también participaron miembros defensores de derechos humanos de la Mesa de Dialogo Genuino de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Zona Norte Extrema Wuipumüin).
“En febrero de 2017 en Zucaramana, corregimiento de Irraipa, un carrotanque de agua irrumpió en el escenario donde la Corte Constitucional realizaba una diligencia judicial. 5 años después en otra comunidad wayuu ocurre lo mismo coincidiendo inspección judicial de esta corporación”, informaron.
Además, indicaron que “la Corte Constitucional evidencia una vez más distanciamiento del servidor público que debe hacer inversión pública en lo rural y comunidades vulnerables que aún esperan presencia estatal desde lo local regional y Nacional”.
Mientras que Andreina García, Gerente de ESEPGUA, dijo que se está trabajando en el proyecto en Poropo, Alta Guajira, en Uribia, pero ha habido algunas situaciones de conflictos.
“Nosotros tenemos contratado por la lista de interventoría un proyecto de 7200 millones de pesos, un proyecto de gran envergadura en donde no solo va a beneficiar a Poropo sino beneficiar a otras comunidades, como a 8 puntos aferentes, donde 7 van a recibir agua alrededor de Poropo. Pero no hemos podido iniciar las obras porque hay conflictos internos de la comunidad, una quiere el proyecto y otra no lo quiere. Hace un mes estuvimos y hay confrontaciones, discusiones fuertes, nosotros estamos a la espera de que internamente se logre solucionar o tomar la decisión que de cambiar ese gran punto de producción donde se sigan beneficiando de las obras”, advirtió la gerente de ESEPGUA.
