En el 2021, España lanzó su la Carta de Derechos Digitales, con el ojo puesto en una transformación sin daños colaterales. Sobre esa base nace la propuesta iberoamericana que, aunque con sus particularidades, presenta una naturaleza similar: su carácter es declarativo y no vinculante, por lo que su contenido no afecta la aplicación de normas jurídicas internas de los Estados. En otras palabras, es un plan de acción, un manual de buenas prácticas que, de seguirse, podrían servir a las partes a cumplir objetivos en materia digital.
“Las TIC brindan oportunidades y plantean desafíos, lo cual implica superar grandes obstáculos que enfrentan los países en desarrollo para acceder a ellas, tales como la falta de un entorno adecuado, recursos insuficientes, infraestructura, educación, capacidad, inversión, conectividad y el impacto de medidas coercitivas unilaterales”. Por tal motivo en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de Gobierno, celebrada en República Dominicana, se le da inicio a la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, que presenta problemáticas y acciones para garantizar derechos en el entorno digital.
La carta propone acciones, cada una con un cúmulo de situación actual y acciones a las que se comprometen los 22 países en un plazo no definido. Antes de nombrar a cada una se dejan en claro que se entiende por derechos digitales los derechos humanos en entornos digitales, y los entornos digitales comprenden servicios, plataformas y aplicaciones que permiten interactuar a las personas y organizaciones en la producción, distribución y acceso tanto de datos como de información a través de medios virtuales.
Conociendo esto, se nombran las acciones plasmadas en Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales.
- Centralidad en las personas. En esta acción, se asume como desafío promover la construcción de una sociedad de la información inclusiva y fomentar condiciones estructurales, prácticas, herramientas y marcos regulatorios para un acceso universal, equitativo y asequible.
- Inclusión digital. Con esta se busca concentrar esfuerzos para reducir las desigualdades y realizar acciones que fortalezcan la cohesión social y también se habla de la necesidad de evitar nuevas brechas.
- Privacidad y seguridad de datos. Se proponen fomentar entornos digitales seguros y confiables, además desarrollar un marco legal para convertir la ciberseguridad y la lucha contra el cibercrimen en un empeño colectivo orientado a garantizar los derechos de las personas.
- Educación, cultura y salud. En este punto se busca que la transformación sea un instrumento que potencie el acceso pleno a la educación, la cultura y salud, aumentando los niveles de inversión.
- Atención a niñas. Se buscará promover políticas activas para asegurar el respeto a la integridad, intimidad y privacidad de las personas comprendidas en este rango etario, ya que ellos están sujetos a una exposición especial y a mayor vulnerabilidad en los entornos digitales.
- Participación social. Con este se busca un plan para promover el derecho a recibir libremente información veraz, desarrollar acciones para combatir la desinformación, así como la libre elección de servicios y contenidos digitales.
- Administración pública. En esta acción, se quiere garantizar la prestación de servicios digitales por parte del Estado y que estos sean personalizados, sencillos, inclusivos, accesibles, interoperables y seguros.
- Economía digital. Se buscará que la transformación digital sea respetuosa de los derechos de las personas, tanto en su faceta de trabajadores como en la de consumidores y usuarios.
- Tecnologías emergentes. Con este punto se busca el compromiso es abordar conjuntamente las cuestiones asociadas a las tecnologías emergentes (Inteligencia Artificial, neurotecnologías o computación cuántica), así como su uso seguro, ético y responsable.
- Cooperación. Esta acción se expone la idea conjunta de que los Estados cooperen y encuentren soluciones a partir del diálogo científico, la transferencia tecnológica y la creación de capacidades científicas.
En resumen, la preocupación de los países de Iberoamérica ante “la persistencia de profundas brechas digitales” obliga a buscar herramientas para mejorar el acceso y aprovechar los beneficios que propone la transformación. La carta conjunta se propone como una de ellas, así como hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas y el cumplimiento de los deberes en la nueva realidad digitales. El éxito de este documento, como de otros, se medirá en la capacidad de sus miembros de materializar lo que al momento sólo está escrito.
