Una vez más, vimos la llegada armada del ESMAD a una comunidad wayuu, la cual ha estado sentada en esta tierra ancestral por más de 30 años pero que fue forzadamente desalojada el 6 de marzo por el gobierno y un combo de gente pudiente en La Guajira, y no es la primera vez que pasa. Desafortunadamente he presenciado varios desalojos en mi tiempo viviendo en el departamento, como el del pasado mayo cuando hubo otro desalojo de una biblioteca comunitaria que operó en el barrio indígena de Riohacha, Villa Fátima, por más de 16 años. ¿Su motivo? Construir un nuevo hotel.
No solo es un desalojo sino también un desplazamiento, ya que el mismo gobierno que invierte tanto dinero en penalizar a estas poblaciones vulnerables al mismo tiempo no piensa en reubicarlas. Es una violación grave de los derechos humanos de los wayuu y un patrón que se repite a lo largo de la historia, empezando con la llegada de la corona española y la supuesta “modernidad” a sus territorios que no han hecho sino desviar sus fuentes de agua dulce, convertir su tierra en una potencia energética capitalista—de la cual casi no benefician los wayuu—, masacrar a la gente que alza su voz y habla en contra de estas injusticias, y dejar agudizar la crisis alimentaria que enfrenta el pueblo wayuu.
Lo curioso de esta realidad es que el nuevo presidente Gustavo Petro ha dado prioridad a reformas agrarias, y hasta hace referencia a las comunidades olvidadas y desamparadas como las de La Guajira, pero aun así siguen los desalojos forzados sin reubicación digna por todo este departamento ancestral. Mientras sigamos irrespetando a los pueblos originarios de este país, el colonialismo seguirá en marcha.
A pesar de toda la pobreza en La Guajira y sufrimiento a manos de los lideres del gobierno, a los cuales casi no les importa la vida ni el bienestar del pueblo wayuu, siguen sacando provecho de sus territorios a través de megaproyectos eólicos, la minería, y otras inversiones que enriquecen a los poderosos del país y en el exterior, pero no a los verdaderos dueños de la tierra, los wayuu. Me pregunto: si hay un tubo saliendo del desierto de La Guajira y que transporta petróleo, ¿por qué no hay un tubo que les lleve agua dulce a estas comunidades? Con este panorama, podemos ver de frente la injusticia.
Entablamos muchas conversaciones con funcionarios de varios ministerios en Bogotá sobre las condiciones precarias en La Guajira, aunque siempre nos dicen que no hay presupuesto. A la luz de esto, me gustaría terminar con una propuesta que haría sobrar el presupuesto: cambiar las políticas públicas de regalías.
Antes de 2012, los gobiernos departamentales recibieron entre el 80% y el 90% de las regalías de los proyectos mineros en su jurisdicción. Estas regalías se pueden usar para mejorar los programas de educación y salud, construir y mantener la infraestructura, e invertir en proyectos de desarrollo local. La Guajira, con sus yacimientos de carbón, una de las cuencas más grandes del mundo, y los nuevos parques eólicos en desarrollo, se beneficiaría bastante de estas regalías. Sin embargo, la ley se cambió en 2012 y la mayoría del dinero de la regalía ahora se encuentra en un fondo nacional. Según la antigua ley, La Guajira debió recibir $297 millones de dólares al año de regalías por su industria minería, pero según la nueva ley, La Guajira solo recibió entre $45 y 90 millones de dólares entre 2012 y 2014 (Acosta Medina 2016).
Imaginen el impacto que un cambio a esta política pública tendría en La Guajira.
