El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, mediante incidente de desacato impetrado por Autoridades Tradicionales del territorio de Aremasain, jurisdicción del municipio de Manaure, sancionan a Adaulfo Manjarres Mejía, en su calidad de Secretario de Educación del Departamento de La Guajira, por incurrir en la conducta de desacato a una orden judicial con ocasión a las ordenes contenidas en la sentencia de fecha 9 de octubre de 2019 dictada por el honorable Consejo de Estado para lo cual le imponen una multa por valor de un salario mínimo legal vigente.
El Tribunal le advierte al sancionado que la imposición de la sanción no lo exonera del deber de dar cumplimiento a las órdenes judiciales las cuales deberán cumplirse de forma inmediata.
En el mismo sentido el Tribunal conmina a la Gobernadora encargada Diala Patricia Wilches Cortina y a Wilson Villegas Ramírez, en su condición de subdirector de gestión de la dirección de la autoridad nacional de consulta previa del Ministerio del Interior para que dentro de su ámbito competencial desplieguen todas las acciones posibles para el cumplimiento inmediato de las ordenes contenidas en la sentencia radicado No. 44-001-23-40-000-2019-00072-00.
Es importante aclarar y resaltar que la sentencia radicado No. 44-001-23-40-000-2019-00072-00, emitida por el Consejo de Estado en el año 2019, le ordeno a la Gobernación de La Guajira y a su Secretaría de Educación Departamental, nombrar en propiedad a los docentes étnicos del Internado Indígena San Antonio de Aremasain, pero hasta el momento dicha sentencia viene siendo desacatada de manera sistemática por la Gobernación de La Guajira y su Secretaría de Educación Departamental y este sería el octavo incidente de desacato en contra de la Gobernación y la Secretaría de Educación.
“Como ONG de Derechos Humanos, coadyuvamos la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, en donde se sanciona al Secretario de Educación de La Guajira y asimismo exhortamos a la Gobernación de La Guajira y a su Secretaría de Educación dar cumplimiento inmediato a dicha sentencia so pena de incurrir en los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión, los cuales deberán ser investigados de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría”, afirmó la ONG Nación Wayuu.
