La diligencia será practicada por el magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y facultativamente por los demás magistrados de la Sala Cuarta de revisión.
La Corte Constitucional informó mediante un comunicado que realizará los próximos 27 y 28 de marzo de 2023 una inspección judicial por la ronda del arroyo Bruno, ubicado en el departamento de La Guajira, con el fin de determinar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia SU-698 de 2017.
“Dicha sentencia amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades indígenas de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero de la etnia wayúu, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de desviación parcial del cauce del arroyo Bruno propuesto por la empresa Carbones del Cerrejón Limited. La desviación hace parte del programa de ampliación progresiva de las actividades de exploración y extracción carbonífera en el departamento de La Guajira”, indicó la Corte Constitucional.
De igual manera, afirmó la Corte Constitucional que “debido a que existen diferencias entre la información reportada por los involucrados en este caso, los expertos independientes y los entes de control, el recaudo de pruebas documentales ha sido insuficiente para determinar el estado de cumplimiento de la sentencia. Por tal motivo, es necesario realizar la inspección judicial al arroyo Bruno para conocer, de primera mano, el estado actual del tramo natural y del tramo desviado, las condiciones de la exploración y explotación minera adyacente al arroyo, y la situación de las comunidades accionantes”.
Se reveló además que la diligencia será practicada por el magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez Najar y facultativamente por los demás magistrados de la Sala Cuarta de revisión.
“El 27 de marzo se dará apertura a la inspección mediante la instalación de una mesa de diálogo en la que se expondrán los puntos que las partes pretendan que se constaten en el recorrido por el arroyo, se dará un espacio para precisar las controversias existentes en relación con el cumplimiento de la sentencia de unificación, y se determinarán con precisión los puntos de observación y las conclusiones que se espera obtener del recorrido por el arroyo. Al día siguiente, 28 de marzo, se realizará el recorrido por la ronda del mismo, tanto en el cauce natural como en el cauce desviado”, informó Guardiana de la Constitución y garante de derechos.
Finalmente, la Corte también convocó a los miembros de la Mesa Interinstitucional que se creó por orden de la Sentencia SU-698 de 2017, a los representantes de las tres comunidades accionantes, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, se estimó necesario contar con la participación de los expertos intervinientes dentro del proceso.
“De la inspección y de todos los elementos probatorios que en ella se presenten se levantará un registro fílmico y fotográfico. Además, durante el desarrollo de la diligencia se podrán practicar pruebas testimoniales y recaudar otras documentales”, finalizó la Corte.
