¿Qué hemos logrado y qué departamento queremos construir? Una reflexión sobre la inversión pública, las brechas sociales y la necesidad de una agenda de desarrollo que trascienda los gobiernos.
La Guajira tiene una paradoja que merece una reflexión profunda: es un territorio de enormes riquezas naturales, culturales y energéticas, pero décadas de recursos públicos e inversiones no han logrado cerrar muchas de las brechas que siguen afectando la vida de sus habitantes.
Las cifras históricas permiten dimensionar esta realidad. Un estudio socioeconómico de la Universidad Industrial de Santander, publicado en 2009, señala que entre 1990 y 2007 La Guajira recibió aproximadamente $6,46 billones en ingresos por regalías y transferencias del Gobierno central, calculados a valor presente de diciembre de 2007.
Posteriormente, el Decreto 1275 del 31 de julio de 2023, con información del Departamento Nacional de Planeación, registró 926 proyectos aprobados desde 2013 para el departamento y sus municipios, financiados con aproximadamente $2,722 billones de recursos del Sistema General de Regalías.
Se trata de cifras correspondientes a periodos y fuentes diferentes, que no deben su-marse como un total histórico. Además, los recursos aprobados no equivalen necesariamente a recursos efectivamente desembolsados o ejecutados. Sin embargo, permiten dimensionar la magnitud de las inversiones públicas destinadas al desarrollo de nuestro territorio.
Frente a esta realidad, los indicadores actuales siguen generando preocupación. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reportó para la vigencia 2024 una cobertura rural de acueducto del 37,81 % y de alcantarillado del 24,97 %. El mismo informe registró una continuidad promedio del servicio de acueducto de apenas 13,01 horas al día.
A esta situación se suma un dato especialmente preocupante: de los 15 municipios del departamento, solamente seis cumplían el indicador de suministro de agua apta para consumo humano en sus zonas urbanas. Para las zonas rurales, el informe se-ñala que no se contaba con información sobre la calidad del agua.
Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que en 2025 la pobreza monetaria en La Guajira se ubicó en 60,2 %, frente al 65,7 % registrado en 2024. Aunque esta reducción de 5,5 puntos porcentuales representa una mejoría, el departamento continuó ocupando el segundo lugar nacional en inci-dencia de pobreza monetaria, después del Chocó.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que, después de décadas de recursos e inversión pública, sigamos enfrentando necesidades tan profundas?
No se trata de desconocer las obras realizadas ni de señalar responsabilidades sin pruebas. Tampoco de desconocer los avances que puedan haberse alcanzado. Se trata de exigir una revisión seria sobre cuánto dinero ha llegado, cómo se ha invertido, qué proyectos están funcionando y cuáles han sido sus resultados reales para la población.
Es necesario evaluar no solamente la ejecución presupuestal, sino también la terminación de las obras, su sostenibilidad, la calidad de los servicios y el impacto que las inversiones han generado en las comunidades. Los recursos públicos deben medirse por su capacidad de transformar realidades, no exclusivamente por los porcentajes de ejecución.

La discusión también debe reconocer que La Guajira no es un territorio homogéneo. Sus 15 municipios tienen realidades, necesidades y oportunidades distintas. Por eso, el análisis de la inversión pública debe permitir identificar dónde se ha avanzado, dónde persisten las mayores brechas y cuáles son las intervenciones que realmente pueden transformar las condiciones de vida de las comunidades.
Sin embargo, quizás el problema de fondo no está solamente en la cantidad de recur-sos disponibles, sino también en la manera como hemos concebido el desarrollo del departamento. Con frecuencia, la planificación pública termina respondiendo a los periodos de gobierno, a las prioridades coyunturales y a las dinámicas de cada admi-nistración, mientras los problemas estructurales permanecen.
El agua potable, la salud, la educación, el empleo, la conectividad y las oportunidades para nuestros jóvenes no pueden depender exclusivamente de los planes de desarrollo de cada cuatro años. Son asuntos que requieren continuidad institucional, visión compartida y decisiones estratégicas sostenidas en el tiempo.
La Guajira 2060: una agenda para transformar nuestro territorio
Después de revisar las inversiones públicas y las necesidades que aún enfrenta nues-tro departamento, considero necesario dar un paso más: dejar de preguntarnos úni-camente qué hemos hecho con los recursos y comenzar a definir qué queremos construir con ellos.
De esta reflexión nace LA GUAJIRA 2060: Un territorio, una visión, un futuro comparti-do, una propuesta para construir una agenda de desarrollo de largo plazo que oriente las decisiones estratégicas del departamento durante las próximas décadas.
No se trata de formular otro documento de buenas intenciones ni de reemplazar los instrumentos de planificación existentes. Se trata de articularlos alrededor de una visión común, capaz de trascender los gobiernos y convertirse en un compromiso colectivo con el futuro del territorio.
Esta agenda debe concentrarse en ocho grandes prioridades:
- Agua y saneamiento básico. Garantizar el acceso digno, permanente y soste-nible al agua potable y avanzar en soluciones integrales de saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y comunidades históricamente des-atendidas.
- Salud. Fortalecer la infraestructura hospitalaria, la atención primaria, los servicios especializados y los modelos de atención que respondan a las condiciones geográficas, sociales y culturales de la población.
- Educación, ciencia y tecnología. Formar generaciones preparadas para los desafíos del futuro, ampliar el acceso a la educación de calidad, fortalecer la formación técnica y tecnológica e impulsar la investigación, la innovación y el conocimiento.
- Energía y transición energética. Convertir el potencial energético de La Guajira en oportunidades de empleo, inversión, transferencia de conocimiento y desa-rrollo local, procurando que las comunidades también sean protagonistas y beneficiarias de esta transformación.
- Infraestructura y conectividad. Integrar los 15 municipios mediante mejores vías, infraestructura estratégica, conectividad digital y sistemas de comunicación que faciliten el acceso a los servicios y a las oportunidades regionales y nacionales.
- Desarrollo económico y empleo. Diversificar la economía, fortalecer las em-presas locales, impulsar el emprendimiento y promover sectores productivos como el turismo, la agricultura, la pesca, la economía cultural y las industrias creativas.
- Cultura e inclusión social. Proteger nuestra identidad multicultural, reconocer la diversidad étnica y fortalecer el patrimonio cultural material e inmaterial como elementos fundamentales del desarrollo y la cohesión social. La inclusión de las comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y demás poblaciones debe ser transversal a las decisiones de desarrollo.
- Deporte y juventud. Impulsar escenarios deportivos, procesos de formación, recreación y oportunidades para niños, niñas y jóvenes, reconociendo el de-porte como una herramienta de transformación social y construcción de proyectos de vida.
De la visión a los resultados
Una agenda de esta magnitud no puede quedarse en un ejercicio de planeación. Necesita convertirse en una herramienta efectiva para orientar la inversión pública, movilizar recursos y evaluar los resultados del desarrollo departamental.
Para ello, propongo que LA GUAJIRA 2060 se construya de manera participativa, con la vinculación de los gobiernos departamental y municipales, el sector empresarial, la academia, las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los jóvenes y la ciudadanía en general.
Su implementación debe contemplar metas verificables, proyectos estratégicos, fuentes de financiación, responsables institucionales e indicadores que permitan medir los avances y establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
Propongo que esta visión se desarrolle por etapas, con objetivos para 2030, 2040, 2050 y 2060. Cada administración tendría la responsabilidad de contribuir a esa hoja de ruta, incorporando sus compromisos en los respectivos planes de desarrollo de-partamentales y municipales, de manera que cada cambio de gobierno no signifique empezar de nuevo.
También será necesario revisar periódicamente los resultados, identificar los obs-táculos y ajustar las estrategias cuando las circunstancias lo exijan. La continuidad no significa inmovilidad: significa mantener un propósito colectivo, aprender de la experiencia y mejorar las decisiones.
Un componente fundamental de esta agenda debe ser la creación de un mecanismo público de seguimiento que permita conocer cuánto se invierte, en qué se invierte, qué proyectos se terminan, cuáles entran en funcionamiento y qué cambios producen en la calidad de vida de la población. Solo así podremos pasar de los anuncios y las cifras presupuestales a una verdadera cultura de resultados.
La Guajira tiene recursos naturales, riqueza cultural, ubicación estratégica y, sobre todo, un enorme potencial humano. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestras fortalezas para construir una economía más diversa, generar oportunidades y garan-tizar mejores condiciones de vida.
Pero para lograrlo necesitamos superar la visión de corto plazo, fortalecer nuestras instituciones y comprender que los recursos públicos no pueden medirse únicamente por su ejecución presupuestal, sino por su capacidad de producir transformaciones reales y sostenibles.
El futuro no puede seguir esperando
La Guajira necesita revisar su pasado, evaluar su presente y, sobre todo, comenzar a pensar seriamente en su futuro.
La pregunta sobre las décadas de recursos y los resultados no debe convertirse en un ejercicio de reproches interminables. Debe ser el punto de partida para una conver-sación más profunda sobre nuestras prioridades, nuestras decisiones y el modelo de desarrollo que queremos construir.
No podemos seguir conformándonos con administrar las necesidades de La Guajira ni permitir que las nuevas generaciones reciban los mismos problemas que hemos heredado. Es momento de pasar de la planeación coyuntural a una visión comparti-da, de las inversiones dispersas a los proyectos estratégicos y de las promesas a los resultados verificables.
La verdadera riqueza de un territorio no se mide únicamente por los recursos que recibe, sino por su capacidad de convertirlos en bienestar, oportunidades, equidad y calidad de vida para su gente.
LA GUAJIRA 2060 debe ser más que una propuesta: debe convertirse en un compro-miso colectivo con el departamento que queremos entregarles a nuestros hijos y nietos.
Por: Yeiser Rodríguez Solano – Administrador de Empresas






