Edicion noviembre 18, 2026

Alfredo Deluque y Enrique Gómez citaron debate de control político por presuntas irregularidades en la DNI durante el Gobierno Petro

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Los senadores Alfredo Deluque Zuleta y Enrique Gómez Martínez radicaron ante la Comisión Primera del Senado una proposición para realizar un debate de control político sobre el presunto uso irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026.

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La citación está dirigida al actual director general de la DNI, al ministro del Interior, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a otros funcionarios del Gobierno nacional, con el propósito de que expliquen qué información han encontrado y cuáles medidas fueron adoptadas frente a las presuntas irregularidades.

Deluque también solicitó que respondan por estos hechos los exdirectores de la DNI Manuel Alberto Casanova, Jorge Lemus y René Guarín, además de otros exfuncionarios vinculados con la entidad durante el periodo objeto de revisión.

Según la información expuesta por los congresistas, documentos y auditorías conocidos recientemente señalarían posibles interceptaciones y seguimientos ilegales a expresidentes, magistrados, congresistas y periodistas. También se cuestionan una solicitud del censo electoral a la Registraduría Nacional, la presunta infiltración de campañas presidenciales y el posible manejo irregular de gastos reservados, casas de fachada y contratos. Estas afirmaciones deberán ser aclaradas por las entidades y personas citadas durante el debate.

“La inteligencia del Estado no puede volver a ser un arma política. Esto es muy grave. Exigimos respuestas claras: el país debe conocer si en esto también hubo mano del expresidente Gustavo Petro para interferir en el proceso electoral y favorecer a su candidato”, afirmó Deluque.

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El senador señaló que el debate buscará establecer responsabilidades políticas, conocer las actuaciones adelantadas por las autoridades e identificar posibles reformas para impedir que los organismos de inteligencia sean utilizados con fines electorales o contra sectores políticos, institucionales y periodísticos.

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