La iniciativa cobijaría Presidencia, Congreso, gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos
El senador Alfredo Deluque presentó los alcances del Proyecto de Acto Legislativo S020 de 2026, una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer requisitos mínimos de formación académica para quienes aspiren a ocupar los principales cargos de elección popular en Colombia.
La propuesta plantea que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso, las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales acrediten estudios de educación superior.
El requisito podría cumplirse mediante formación técnica profesional, tecnológica o profesional universitaria, según lo contemplado en el proyecto radicado en el Senado de la República.
Deluque argumentó que, aunque la experiencia, el liderazgo y la trayectoria son elementos importantes para participar en política, el manejo de recursos públicos y la dirección de instituciones también requieren conocimientos y competencias específicas.
“La experiencia y el liderazgo son fundamentales, pero administrar los recursos públicos, dirigir instituciones y tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas también exige preparación. Gobernar implica asumir responsabilidades que requieren conocimientos y competencias”, señaló el senador.
El congresista también presentó la iniciativa en un video divulgado a través de sus redes sociales, en el que expuso su posición sobre la ausencia de un requisito general de educación superior para aspirar a diferentes cargos de representación y gobierno.
En esa publicación, Deluque mencionó como ejemplos a la exsenadora y excandidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué y al expresidente del Senado Ernesto Macías, al referirse a figuras que han ocupado o aspirado a altas dignidades del Estado sin contar, según su exposición, con formación académica de nivel superior.
El proyecto no plantea reemplazar la experiencia política o el liderazgo comunitario, sino incorporar un nivel mínimo de preparación académica entre las condiciones exigidas a quienes pretendan asumir responsabilidades públicas de alta complejidad.
La iniciativa abre una discusión sobre los requisitos para ejercer el derecho a ser elegido y los criterios de formación que deberían cumplir los aspirantes a representar a los ciudadanos. Al tratarse de un proyecto de acto legislativo, deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso para modificar la Constitución.
