¿Cuánto vale el trabajo de una mujer cuando quien tiene la firma del contrato también tiene poder sobre su vida?
Esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos en Colombia.
Esta semana, un video de 54 segundos puso al país a discutir sobre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, una excontratista del Estado que asegura haber mantenido una relación íntima con él y relaciona esa historia con cinco contratos públicos. Petro niega haber utilizado recursos o decisiones del Estado para obtener favores personales.
No voy a convertir una denuncia en una sentencia. Tampoco voy a minimizarla porque el señalado pertenezca a una corriente política determinada.
Escribo como mujer, como guajira y como alguien que conoce las consecuencias de una contratación pública que, en demasiadas ocasiones, termina dependiendo de las relaciones personales y no de las capacidades profesionales.
Porque aquí hay algo mucho más importante que una disputa entre políticos: la dignidad de las mujeres y el uso del poder público.
Una mujer contratista no siempre tiene la libertad que imaginamos.
Quien trabaja mediante una orden de prestación de servicios conoce la incertidumbre. Su contrato tiene una fecha de vencimiento. Su ingreso depende de una renovación. Detrás de ese ingreso hay arriendo, alimentación, educación de sus hijos y responsabilidades familiares.
Por eso debemos hablar con claridad: cuando alguien utiliza su posición de poder para condicionar una oportunidad laboral, no estamos ante un asunto privado. Estamos frente a una posible forma de abuso de poder que merece toda la atención de las autoridades.
Y si una contratación pública se utiliza para obtener beneficios personales o favores sexuales, estaríamos ante hechos de enorme gravedad que deben investigarse y sancionarse si se prueban.
No podemos permitir que el cuerpo de una mujer se convierta en moneda de intercambio para acceder a un empleo, conservar un contrato o acercarse a quien toma las decisiones.
La presunción de inocencia debe respetarse. La palabra de una denunciante también merece ser escuchada con seriedad, sin burlas, amenazas ni juicios anticipados.
Los hechos conocidos deben esclarecerse. La Fiscalía, la Corte Suprema y las autoridades competentes tienen la responsabilidad de establecer qué ocurrió, verificar las pruebas y determinar si hubo irregularidades.
El país necesita respuestas, no una competencia de trincheras.
Me preocupa ver cómo algunos defienden al señalado antes de conocer los resultados de la investigación, mientras otros utilizan la denuncia como munición política. En medio de esa disputa, la mujer termina convertida en un instrumento para atacar o defender a un dirigente.
Eso también es una forma de invisibilizarla.
La justicia no puede depender de quién está en el poder, de quién presenta la denuncia o de a qué partido pertenece el investigado. Si hay responsabilidades, deben establecerse. Si no hay pruebas suficientes, también debe decirse con claridad.
Y mientras avanza la investigación, la seguridad de la denunciante y de los testigos debe ser una prioridad.
En nuestro departamento esta discusión tiene una dimensión muy cercana.
¿Cuántas mujeres profesionales esperan cada año que alguien les renueve un contrato en una alcaldía, un hospital o una entidad pública? ¿Cuántas sienten que deben guardar silencio para no perder su única fuente de ingresos? ¿Cuántas oportunidades se entregan por recomendación política, amistad o cercanía con quienes gobiernan?
No estoy afirmando que todas las contrataciones funcionen de esa manera. Estoy señalando una práctica que debemos combatir: utilizar el presupuesto público como patrimonio de los gobernantes y los contratos como recompensa para los cercanos.
La Guajira necesita que sus mujeres puedan trabajar sin tener que agradecer favores, pagar lealtades políticas ni soportar presiones de ninguna naturaleza.
Una fisioterapeuta, una abogada, una ingeniera, una docente o una profesional de cualquier área debe ser contratada por su preparación, su experiencia y su capacidad para cumplir una función pública.
No por quién la recomienda. Mucho menos por la cercanía personal o íntima con quien tiene poder.
Una mujer no debería tener que elegir entre su dignidad y su sustento. No debería sentir miedo de rechazar una insinuación porque detrás de esa decisión puede estar la pérdida de su contrato. Y ningún funcionario, sin importar su cargo o su ideología, puede creer que el poder público le da derechos sobre la vida de otra persona.
Ni Petro, ni ningún otro dirigente, está por encima de la justicia. Pero tampoco podemos utilizar a las mujeres como armas en una batalla política.
Si los hechos se prueban, que haya consecuencias. Si no se prueban, que se respete la presunción de inocencia. En cualquiera de los dos escenarios, que la verdad prevalezca.
Y a las mujeres de La Guajira quiero decirles algo que su preparación tiene valor, su trabajo tiene valor y su dignidad no está en negociación.
Un contrato público se gana con mérito, capacidad y transparencia. Nunca con el cuerpo de una mujer.
Porque el Estado está para servir a la ciudadanía, no para convertirse en propiedad de quienes gobiernan.
