En La Guajira hemos aprendido a convivir con una contradicción dolorosa, mientras las autoridades anuncian inversiones millonarias, hay comunidades que siguen sin agua potable; mientras se presentan informes de cumplimiento, las familias continúan enfrentando dificultades para acceder a la salud; y mientras se firman convenios para construir obras, los ciudadanos terminan preguntándose dónde están los resultados.
El problema no es la falta de anuncios. Es la distancia entre lo que prometen las instituciones y lo que vive la gente.
Pero ¿quién responde cuando los recursos públicos no se convierten en bienestar?
En 2017, la Corte Constitucional expidió la Sentencia T-302 y declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez wayuu al agua potable, la alimentación, la salud y la participación en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Han pasado nueve años y el país sigue discutiendo cómo cumplir esas obligaciones.
En octubre de 2026, durante una audiencia de seguimiento en Riohacha, el Gobierno reconoció que los avances consignados en sus informes no coincidían plenamente con las condiciones de vida de las comunidades. La discusión ya no puede limitarse a contar reuniones, contratos o actividades realizadas. Debemos medir los cambios reales.
En agosto, una inspección judicial de la Corte también documentó en Jojoncito, Uribia, una fuente de agua con señales evidentes de contaminación, utilizada por la comunidad para el consumo humano. La situación obligó a adoptar medidas urgentes.
¿Puede llamarse progreso a una política pública si una comunidad todavía debe recurrir a una fuente de agua en esas condiciones?
La Sentencia T-302 no es un documento para archivar ni una bandera para exhibir en discursos. Es una obligación constitucional que compromete a las autoridades nacionales y territoriales.
La preocupación no termina en el agua y la salud.
El 31 de octubre, La Guajira Noticias publicó información según la cual el Ministerio del Deporte había girado $8.500 millones para un escenario deportivo en Uribia, mientras el proyecto registraba cero avance físico. Según ese reporte, los recursos correspondían al Convenio 634 de 2025 y el plazo contractual de ejecución vencía el 30 de noviembre de 2026.
Si estas cifras se confirman en la documentación contractual, estamos ante una situación que exige explicaciones inmediatas. ¿Por qué se giraron los recursos? ¿Qué controles se aplicaron? ¿Quién debía verificar el avance? ¿Qué medidas se tomarán para proteger el dinero público y garantizar que la obra se entregue?
No se trata de afirmar, sin investigación, que hubo un delito. Se trata de exigir transparencia, seguimiento y responsabilidades cuando corresponda.
Cada peso público representa una oportunidad para mejorar la vida de la gente. Cuando una obra no avanza, no se pierde únicamente tiempo: también se pierde confianza ciudadana.
La responsabilidad no puede cambiar de dueño
Colombia enfrenta dificultades fiscales y el Gobierno nacional ha presentado una Ley de Rescate Económico para ajustar las cuentas públicas. Ese debate debe desarrollarse con transparencia, cifras verificables y responsabilidad social.
Pero hay una lección que también debemos aplicar en La Guajira: administrar recursos exige explicar cuánto dinero se recibe, en qué se invierte y qué resultados produce.
La responsabilidad no puede convertirse en una pelota que cada administración arroja al gobierno anterior. Los mandatarios nacionales deben responder por sus decisiones. El gobernador, por la gestión departamental. Los alcaldes, por las competencias de sus municipios. Los organismos de control, por sus actuaciones. Y los contratistas, por las obligaciones que asumen.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, independientemente del partido, la alianza o el apellido de quienes gobiernan.
Propongo una veeduría pública con resultados trimestrales
La Guajira necesita pasar de los anuncios a un sistema ciudadano de seguimiento que permita conocer el estado real de sus inversiones.
Propongo crear un Observatorio Ciudadano de Recursos y Resultados de La Guajira, con participación de universidades, organizaciones indígenas, veedurías, sectores productivos, periodistas y comunidades.
Cada trimestre debería publicar información sencilla y verificable sobre cuatro preguntas: cuánto dinero se aprobó, cuánto se giró, qué avance físico tiene cada proyecto y qué beneficio concreto recibió la población.
El observatorio debe priorizar agua potable, salud, alimentación infantil, educación, infraestructura y servicios públicos. También debe identificar obras retrasadas, recursos sin ejecutar y compromisos incumplidos, sin reemplazar las funciones de la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía.
La información debe estar disponible para todos, con datos abiertos y mecanismos de participación que permitan a las comunidades reportar problemas y verificar soluciones.
No necesitamos otra estructura para producir documentos. Necesitamos aprovechar las capacidades existentes para que cada peso pueda seguirse desde el presupuesto hasta el territorio.
La gente merece respuestas
La Guajira tiene recursos naturales, potencial energético, riqueza cultural y una población trabajadora. Lo que no podemos aceptar es que esas fortalezas convivan indefinidamente con necesidades básicas insatisfechas y obras que no cumplen su propósito.
Gobernar no consiste en anunciar cuánto se va a invertir. Consiste en demostrar qué cambió después de la inversión.
La pregunta que debemos hacerles a nuestras autoridades no es cuántos proyectos presentaron, sino cuántos terminaron, cuántas comunidades tienen agua segura, cuántos niños reciben atención oportuna y cuántos compromisos se cumplieron.
La Guajira no necesita más informes que describan el problema. Necesita resultados que la gente pueda comprobar, recursos que se respeten y autoridades dispuestas a rendir cuentas.
