La investigación disciplinaria se adelanta contra el supervisor del proyecto del Fondo Adaptación, luego de establecerse que al menos 771 viviendas no tendrían soporte de entrega. El convenio superó los $23.600 millones.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Carlos Andrés González Rodríguez, quien se desempeñó como supervisor del proyecto de vivienda del Fondo Adaptación destinado a beneficiar a las familias afectadas por el fenómeno de La Niña de 2010-2011 en La Guajira.
La actuación busca establecer si el funcionario incurrió en una presunta omisión continuada de sus responsabilidades de control y vigilancia sobre el convenio suscrito con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (Comfaguajira).
El acuerdo, firmado el 30 de enero de 2013 por un valor superior a los $23.600 millones, contemplaba la construcción y entrega de 5.090 viviendas. Sin embargo, el convenio venció el 5 de noviembre de 2019 y, presuntamente, quedaron unidades habitacionales sin entregar.
Ante esta situación, el Fondo Adaptación acudió a la justicia para solicitar que se declare oficialmente el incumplimiento del contratista y se ordene el pago de los perjuicios ocasionados.
De acuerdo con un dictamen pericial elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, al menos 771 de las 5.090 viviendas pactadas no contarían con soportes de entrega, situación que, según el documento, se habría prolongado durante el periodo de supervisión sin que constaran gestiones eficaces para resolverla.
La investigación disciplinaria pretende determinar qué actuaciones adelantó González Rodríguez durante el ejercicio de sus funciones, así como establecer el estado actual del proceso judicial relacionado con el convenio.
Con estas diligencias, el Ministerio Público busca esclarecer los hechos y establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario investigado, sin que la apertura de la investigación implique una declaración anticipada de culpabilidad.
