Así lo dio a conocer el procurador general, Gregorio Eljach
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, informó desde Riohacha que 25 funcionarios públicos son objeto de investigaciones por presuntos incumplimientos de la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional ante la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayuu.
Las investigaciones buscan establecer posibles responsabilidades de servidores públicos frente al cumplimiento de las medidas ordenadas para garantizar los derechos de esta población, especialmente en asuntos relacionados con el acceso al agua, la salud, la alimentación y las condiciones de vida de las comunidades wayuu de La Guajira.
La Sentencia T-302 de 2017 estableció una serie de órdenes dirigidas a las entidades del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad que afectan a esta población indígena, particularmente en los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se produjo en Riohacha, en medio del seguimiento institucional al cumplimiento de las medidas dispuestas por la Corte Constitucional para atender la crisis humanitaria que afecta al pueblo wayuu.
