La propuesta fue expuesta durante una audiencia convocada por el alto tribunal para hacer seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, presentó este martes en Riohacha una ruta de trabajo para avanzar en el cumplimiento de los compromisos ordenados por la Corte Constitucional para garantizar los derechos fundamentales de la población wayuu de La Guajira.
La propuesta fue expuesta durante una audiencia convocada por el alto tribunal para hacer seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional ante la vulneración de los derechos de la niñez wayuu y estableció medidas para garantizar el acceso al agua potable, la salud, la alimentación y la movilidad de las comunidades indígenas.
La ruta planteada por el jefe del Ministerio Público contempla tres ejes fundamentales, orientados a fortalecer la financiación de las medidas, la participación de las comunidades y la articulación de las instituciones responsables.
El primer componente propone incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un mecanismo de financiación que permita anticipar una partida que podría alcanzar los 300.000 millones de pesos anuales, provenientes del impuesto de renta asociado a la explotación de carbón, para atender las obligaciones relacionadas con la población wayuu.
Como segundo eje, Eljach anunció la creación de un grupo de trabajo en la Procuraduría, integrado por miembros del pueblo wayuu, que tendría la tarea de intervenir directamente en la articulación interinstitucional y contribuir a que las respuestas del Estado sean efectivas frente a las necesidades de las comunidades.
El tercer componente contempla la transformación de la Delegada para la Infancia de la Procuraduría, con el propósito de incorporar el concepto de familia integral y darle un papel especial a este enfoque en el proceso de atención y garantía de derechos de la población wayuu.
Las propuestas buscan contribuir a superar las dificultades que persisten en La Guajira y avanzar hacia soluciones que permitan cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. El desafío estará en convertir estas iniciativas en medidas concretas, con recursos suficientes, coordinación institucional y resultados verificables para las comunidades.
La audiencia en Riohacha hace parte del seguimiento judicial a las obligaciones del Estado frente a la niñez wayuu, una problemática que exige acciones sostenidas para garantizar condiciones de vida dignas y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.
