Un fiscal, copropietario del lote, fue denunciado por presunta extorsión.
Una compleja disputa por el predio “San Ramón”, un terreno de más de tres hectáreas ubicado sobre la Troncal del Caribe, en inmediaciones de la Universidad de La Guajira y frente al SENA en Riohacha, terminó escalando desde un conflicto familiar y patrimonial hasta llegar a la Fiscalía General de la Nación, luego de que el rector de Uniguajira, Carlos Arturo Robles Julio, denunciara presuntos hechos de extorsión, persecución y abuso de poder relacionados con las negociaciones alrededor del inmueble.
En el entramado aparece Rafael Francisco Rojas Orcasitas, fiscal especializado antinarcóticos de la Nación y, al mismo tiempo, copropietario de una parte del terreno, quien es señalado dentro de la denuncia presentada por el rector junto con Eddie José Gnecco. Los hechos fueron revelados este domingo 27 de septiembre por El Tiempo, en una investigación de la periodista Eliana Mejía Ospino basada en documentos, escrituras, certificados, actuaciones judiciales y conversaciones incorporadas a los expedientes.
La historia de “San Ramón” se remonta a 1976, cuando Margarita Victoria Ramírez de Rojas adquirió el inmueble mediante la Escritura Pública 134 del 12 de marzo de ese año. Décadas después, en diciembre de 2010, se produjo la primera negociación con la Universidad de La Guajira, a la que le fueron vendidos 4.206,89 metros cuadrados, quedando aproximadamente 27.791,11 metros cuadrados. Tras el fallecimiento de Margarita Ramírez de Rojas, el terreno pasó en sucesión en 2013 a sus seis hijos: Carlos Luis, César Tulio, Doyler Kassin, Franklin Juscelino, Myriam Elizabeth y Zoraya Margarita Rojas Ramírez, dando paso a una sucesión de negociaciones, cesiones y litigios alrededor de la propiedad.
Con el paso de los años, el predio adquirió mayor valor estratégico por su ubicación y sus propietarios comenzaron a negociar y fraccionar sus derechos. En medio de ese proceso, según reconstruyó El Tiempo, el terreno fue ocupado por indígenas y familias wayuu, situación frente a la cual se promovieron actuaciones jurídicas que posteriormente derivaron en un desalojo en el que intervino Rafael Francisco Rojas Orcasitas.
Precisamente, de las controversias posteriores a esa actuación surgieron algunos de los mensajes de WhatsApp que hoy reposan en los expedientes y que reflejan el alto nivel de confrontación existente entre los integrantes de la familia por el control del inmueble.
Rojas Orcasitas no solamente aparece en esta historia por su condición de fiscal especializado antinarcóticos, sino también como propietario de una participación en “San Ramón”. De acuerdo con el certificado de tradición citado en la investigación, César Tulio Rojas Ramírez le vendió a su hijo Rafael Francisco Rojas Orcasitas el 16,666 % de los derechos de cuota que poseía sobre el terreno por $10 millones, mediante la Escritura Pública 1029 del 26 de mayo de 2023.
Posteriormente se produjo otra importante operación con la Universidad de La Guajira: en octubre de 2024, después del mencionado desalojo, varios de los hermanos transfirieron a la institución un 30,3046 % adicional del predio por una suma superior a $1.094 millones, porcentaje que se sumó a la primera adquisición realizada por Uniguajira en 2010.
Sin embargo, mientras avanzaban esas transacciones, también se desarrollaba otra disputa económica originada en un contrato de cuota litis suscrito en 2013 para recuperar la tenencia del inmueble. La obligación derivada de esos honorarios pasó por sucesivas cesiones de crédito hasta llegar a la firma Administración, Construcción y Suministros Limitada, Admicons Ltda., representada por Luisa Elena Orcasitas Curvelo, madre de Rafael Francisco Rojas Orcasitas.
La compañía interpuso una demanda en la que reclamó más de $1.200 millones y, según la investigación, en medio de las actuaciones apareció la Escritura Pública 477 de marzo de 2025, que ha sido señalada en estrados como una presunta maniobra ficticia para evitar eventuales embargos. Esta última circunstancia corresponde a un señalamiento efectuado dentro del litigio y no puede entenderse como un hecho judicialmente probado.
La confrontación familiar también quedó registrada en mensajes de WhatsApp incorporados a los expedientes. El Tiempo reveló conversaciones atribuidas a Luisa Elena Orcasitas en las que cuestionaba a otros miembros de la familia por haber vendido sus participaciones sin atender previamente las obligaciones económicas que ella reclamaba y utilizaba expresiones despectivas para referirse a las familias indígenas que habían ocupado “San Ramón”.
En uno de esos mensajes, reproducido dentro de la investigación, reclamaba a sus familiares por no haber participado en el desalojo y cuestionaba que hubieran vendido sin pagar lo que, según ella, adeudaban. Los chats forman parte de las evidencias incorporadas a las controversias judiciales alrededor del terreno.
La disputa se profundizó posteriormente alrededor de quién tendría realmente el control de “San Ramón”. En el proceso divisorio que cursa ante el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas de Riohacha, Rafael Francisco Rojas Orcasitas, a través de su apoderado Pedro Nell Jiménez de las Salas, se opuso a la división material del inmueble alegando ser poseedor del 83,3333 %. Su argumento, según los documentos citados por El Tiempo, consiste en que aunque aparece inscrito como propietario de una cuota equivalente al 16,666 %, tendría la posesión material sobre el 83,3 % del inmueble por haber realizado obras, mejoras y construcciones durante el tiempo que ha ejercido su ocupación.
A esta controversia se sumaron conversaciones de WhatsApp atribuidas al fiscal y aportadas al proceso por Esteban Eduardo Perozo Navarrete, quien aparece como apoderado de Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., representada por Josefa María Margarita Armenta Rojas, sociedad que habría adquirido el 52,9954 % de los derechos sobre el inmueble. En los mensajes, Rojas Orcasitas habría cuestionado operaciones celebradas por otros integrantes de la familia y copropietarios, calificándolas de “falsas e ilícitas” y anunciando que serían objeto de denuncias penales. En una de las conversaciones atribuidas al funcionario sostuvo que él era el único propietario y poseedor del terreno y retó a los demás interesados a ejercer actos de señor y dueño, mientras que otro de los mensajes concluyó con la expresión “caiga quien tenga que caer preso”.
La controversia llegó hasta el rector de Uniguajira
El conflicto adquirió una dimensión distinta cuando involucró directamente a la Universidad de La Guajira y a su rector, Carlos Arturo Robles Julio. Según reveló El Tiempo, los directivos universitarios terminaron llevando el asunto ante las autoridades y Robles presentó denuncias en las que advirtió sobre un presunto abuso de poder y posibles maniobras de extorsión que, de acuerdo con su versión, estarían siendo utilizadas para presionar acuerdos relacionados con el terreno. En uno de sus escritos, el rector relató que Rafael Francisco Rojas Orcasitas y Eddie José Gnecco lo habrían invitado a un desayuno en Riohacha para plantearle la compra de “San Ramón” por parte de la universidad y que, ante esa propuesta, él suministró el número celular de la asesora jurídica de la institución para que cualquier conversación se desarrollara dentro de los canales legales.
Es precisamente en ese punto donde aparece uno de los datos más sensibles de toda la investigación. Robles aseguró en su denuncia que para la adquisición del predio se le habría planteado a la universidad un precio de $12.500 millones, pese a que, según el avalúo referido por él mismo, el terreno tendría un valor estimado de $2.500 millones. Esto representaría un incremento del 400 % frente a ese valor de referencia y, de haberse concretado una negociación en esas condiciones, la denuncia sostiene que habría podido ocasionarse un grave detrimento patrimonial para la universidad y, en consecuencia, para recursos públicos. Hasta el momento, sin embargo, esa afirmación corresponde a la versión consignada por el rector dentro de las actuaciones conocidas y no constituye una decisión judicial que haya establecido la existencia efectiva de un detrimento patrimonial.
La situación habría escalado todavía más y Robles Julio terminó llevando sus señalamientos directamente ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. De acuerdo con la investigación, el rector radicó una denuncia penal y posteriores ampliaciones en las que señaló a Rafael Francisco Rojas Orcasitas y Eddie José Gnecco por presunta extorsión y persecución, asegurando que habrían existido exigencias económicas por $5.000 millones, aparentemente acompañadas de amenazas relacionadas con posibles incriminaciones judiciales. Por tratarse de acusaciones que se encuentran sometidas al conocimiento de las autoridades, corresponde a la Fiscalía establecer qué ocurrió, determinar si las conductas denunciadas existieron y definir si de ellas se desprende algún tipo de responsabilidad penal, manteniéndose mientras tanto la presunción de inocencia de las personas señaladas.
De esta manera, lo que comenzó décadas atrás como la propiedad de un terreno familiar terminó convertido en un entramado que actualmente se mueve simultáneamente en varios escenarios judiciales. Según la reconstrucción de El Tiempo, existen acciones civiles relacionadas con el cobro de honorarios, un proceso divisorio sobre el inmueble, querellas por perturbación de la propiedad y posesión, además del expediente penal que se encuentra en la Fiscalía General de la Nación. En medio de todos estos procesos permanece la Universidad de La Guajira, institución que adquirió participaciones del terreno en distintos momentos y cuyo rector posteriormente acudió ante las autoridades para denunciar las presuntas presiones que asegura haber recibido.
La investigación publicada por el diario nacional deja así expuesta una controversia que trasciende una disputa privada entre familiares y copropietarios, debido a la participación de una universidad pública y a que uno de los protagonistas señalados ejerce como fiscal especializado de la Nación. No obstante, las acusaciones sobre presunta extorsión, persecución, abuso de poder, amenazas o eventuales operaciones ficticias deberán ser esclarecidas en los respectivos procesos y, mientras no existan decisiones judiciales que determinen responsabilidades, las personas mencionadas conservan plenamente su presunción de inocencia. El informe original fue publicado por El Tiempo este domingo 27 de septiembre de 2026, bajo la autoría de la periodista Eliana Mejía Ospino, quien señaló haber tenido acceso a la documentación que sustenta su reconstrucción del caso.
