El 24 de septiembre de 1966, cientos de maestras y maestros salieron de Santa Marta con una determinación que parecía desafiar la geografía colombiana. No llevaban armas ni tenían a su disposición poderosos medios de comunicación. Llevaban pancartas, provisiones escasas, zapatos que pronto comenzarían a desgastarse y una decisión colectiva: caminar hasta Bogotá para obligar al país a mirar la difícil realidad del magisterio.
Habían agotado otros caminos. Durante meses realizaron huelgas, protestas, bloqueos y ocupaciones de instalaciones públicas. En el Magdalena, algunos educadores acumulaban hasta diez meses sin recibir salario. Las dificultades económicas golpeaban sus hogares y ponían en evidencia un sistema educativo sometido a la improvisación administrativa, el clientelismo político y el manejo inadecuado de los recursos públicos. Ante la falta de respuestas efectivas, cerca de 800 docentes decidieron emprender una travesía que pasaría a la historia como la Marcha del Hambre. Su nombre no fue una metáfora exagerada: describía la situación material de trabajadores responsables de educar a los niños del país, pero obligados a vivir sin la seguridad de recibir oportunamente su remuneración. La ruta entre Santa Marta y Bogotá superó los 1.600 kilómetros. Algunas fuentes registran una distancia de 1.620 kilómetros y otras la sitúan en 1.662. Más allá de esa diferencia, todas coinciden en la dimensión extraordinaria de una movilización que atravesó carreteras calientes, pueblos solidarios, montañas exigentes y los fríos caminos del interior del país. Los marchantes avanzaron desde el Caribe hacia el centro de Colombia. El paisaje cambió a medida que dejaban atrás el calor de la costa y se aproximaban a las zonas montañosas. Cambiaron también el clima, la altura y las condiciones físicas de una marcha que exigía mucho más que voluntad.
El cansancio fue acumulándose en los cuerpos. Los pies comenzaron a hincharse y agrietarse. El sol, la lluvia, el frío y las pendientes obligaron a muchos participantes a retirarse. Sin embargo, la columna siguió avanzando. La marcha transformó la carretera en una tribuna pública. A su paso por pueblos y ciudades, los educadores explicaban las razones de su protesta. Las comunidades conocían así una realidad que había permanecido relegada a las oficinas gubernamentales y a las discusiones sindicales: los responsables de formar a las nuevas generaciones no contaban con condiciones mínimas para ejercer dignamente su profesión. La solidaridad popular resultó fundamental. Familias, trabajadores y habitantes de los municipios recorridos ofrecieron alimentos, alojamiento y palabras de aliento. Cada gesto ayudó a sostener una movilización que no dependía solamente de la resistencia física, sino también de la capacidad para despertar respaldo social. La Marcha del Hambre dejó de ser entonces un conflicto exclusivo de los docentes del Magdalena. Se convirtió en una causa nacional porque reveló una contradicción difícil de justificar: Colombia proclamaba la importancia de la educación mientras mantenía a muchos de sus maestros en condiciones de abandono. Durante mucho tiempo, la historia sindical fue relatada principalmente a través de las voces y los nombres de los hombres. Las investigaciones recientes sobre la Marcha del Hambre han permitido reconocer el papel determinante de las maestras. El trabajo académico de Deisy Lorena González Blanco, presentado en la Universidad Nacional de Colombia, sostiene que las mujeres eran mayoría y que su participación permitió prolongar la movilización.
Al caminar durante semanas, abandonar temporalmente los espacios domésticos asignados por las convenciones de la época y reclamar dignidad profesional, aquellas maestras desafiaron tanto el abandono estatal como las limitaciones sociales impuestas a las mujeres. No fueron acompañantes secundarias. Fueron protagonistas políticas de una movilización que exigía reconocimiento para la profesión docente y abría nuevos espacios de participación femenina. Según los registros divulgados por Fecode y la Universidad del Magdalena, 86 docentes completaron el recorrido hasta Bogotá, de los cuales 50 eran mujeres y 36 hombres. Otro estudio histórico menciona a 66 educadores magdalenenses en la llegada. Esta diferencia aconseja hablar con prudencia sobre la cifra definitiva, pero no modifica una conclusión esencial: la presencia mayoritaria de las maestras entre quienes culminaron la travesía fue decisiva. Sus nombres y testimonios merecen ocupar un lugar central en la memoria educativa del país. Recordar la marcha sin reconocer el liderazgo de las mujeres equivaldría a contar solo una parte de la historia.
Después de varias semanas de caminata, los educadores llegaron a la capital. Un estudio sobre el movimiento magisterial sitúa la entrada a la Plaza de Bolívar el 22 de octubre de 1966, mientras otras reseñas señalan el día 21. Los caminantes fueron recibidos por una multitud que convirtió su llegada en un acontecimiento nacional. Quienes arribaron a Bogotá llevaban en sus cuerpos las señales del camino, pero también la fuerza moral de haber convertido una reclamación regional en un debate nacional. El presidente Carlos Lleras Restrepo recibió a representantes de la movilización y, de acuerdo con la documentación histórica consultada, los salarios atrasados fueron pagados después de la protesta.
La marcha ayudó igualmente a visibilizar a Fecode y a fortalecer la organización nacional del magisterio. No fue la única causa de las reformas posteriores, pero formó parte de un proceso de movilización que incidió en la creación de los Fondos Educativos Regionales mediante el Decreto Ley 3157 de 1968. Estos fondos buscaban evitar que los recursos destinados a la educación fueran utilizados por los gobiernos regionales en otros propósitos. La trascendencia de la movilización, por tanto, no puede reducirse al pago de una deuda salarial. La Marcha del Hambre evidenció la necesidad de construir políticas nacionales para financiar la educación, profesionalizar la carrera docente y proteger los recursos públicos destinados a las escuelas.
