La senadora Martha Peralta Epieyú dejó una constancia ante el Congreso de la República frente a la compleja situación de orden público que atraviesan los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, con especial preocupación por hechos registrados en Santa Marta, Riohacha, la Zona Bananera y corredores estratégicos de la región. Su pronunciamiento se produce en medio de una escalada de ataques, amenazas e intimidaciones que han afectado la actividad comercial, el transporte y la movilidad de las comunidades.
En su intervención, la congresista señaló: “Hoy dejé constancia sobre la grave situación de seguridad que enfrentan Magdalena, La Guajira y Cesar. Los ataques contra comerciantes y transportadores, las amenazas, las restricciones a la movilidad y el atentado contra la línea férrea de Cerrejón exigen una respuesta integral del Estado”. La preocupación también alcanza a sectores productivos como el bananero, que ya había denunciado amenazas y afectaciones a trabajadores y fincas de la Zona Bananera.
La situación ha tenido consecuencias directas sobre la vida cotidiana y la economía regional. En Riohacha, varios establecimientos comerciales cerraron sus puertas luego de intimidaciones y del ataque a tiros contra un supermercado ubicado sobre la Troncal del Caribe. En Santa Marta también se reportaron cierres de comercios, afectaciones a la movilidad y ataques contra vehículos, mientras que el temor ha impactado al turismo, con reportes de cancelaciones relacionadas con desplazamientos hacia zonas como Palomino.
A este panorama se suma la decisión de algunas instituciones y empresas de adoptar modalidades de trabajo remoto como medida preventiva para proteger a sus colaboradores, mientras ciudadanos, comerciantes y transportadores han optado por limitar sus desplazamientos. En distintos sectores, el confinamiento voluntario se ha convertido en una respuesta frente al temor, incluso ante el despliegue de la Fuerza Pública que se mantiene en puntos estratégicos de la región.
Peralta Epieyú aclaró que su planteamiento no se opone a la presencia ni a la intervención de la Fuerza Pública. Por el contrario, considera que las acciones de seguridad deben estar acompañadas de medidas que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar condiciones para que las comunidades puedan desarrollar sus actividades sin miedo. En ese sentido, sostuvo: “He pedido fortalecer la protección de las comunidades y trabajadores, prevenir nuevas represalias y enfrentar las redes criminales sin limitar la respuesta únicamente al despliegue militar”.
El llamado de la senadora apunta, así, a una estrategia integral que combine la acción de las autoridades contra las estructuras criminales con protección efectiva a comunidades, trabajadores, comerciantes y transportadores, además de garantías para la movilidad y la actividad económica. Su pronunciamiento se da mientras las autoridades mantienen reforzada la presencia militar y policial en Santa Marta, Riohacha y otros sectores del corredor Caribe, tras los recientes hechos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
