La firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 despertó en Colombia una esperanza profunda, primero se suscribió el acuerdo inicial el 26 de septiembre en Cartagena y, tras el proceso de refrendación, se ratificó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, a partir de ese momento comenzó una transición compleja, marcada por expectativas, tensiones y deudas pendientes con las víctimas, desde esa perspectiva, reflexionar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) implica asumir una mirada crítica, responsable y solidaria con quienes padecieron, presenciaron o estudiaron el conflicto armado, considero una promesa de paz en transición.
En esos momentos al igual que muchos colombianos vivía una ilusión, me forme junto a un grupo de personas como gestora de paz y promocione muchas acciones en redes sociales para cerrar uno de los capítulos de la historia de nuestro país, diez años después la percepción y el análisis siguen impresos, en esta oportunidad después de hacer parte del semillero de investigación coordinado por la profe Mildre Yuranis Hernández y las compañeras Yaibis y Geraldine abrimos el paso a conocer lo que diferentes diarios han publicado durante todo este tiempo; los enfoques en el interior del país y el punto de vista de la región caribe.
Hablar de la JEP diez años después de la firma del Acuerdo Final exige más que revisar expedientes o contabilizar decisiones judiciales, exige una conversación moral y política sobre el país que hemos sido y sobre el país que todavía no logramos construir. La JEP nació con la promesa de poner a las víctimas en el centro, garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y ofrecer una salida institucional a décadas de violencia, esa promesa sigue vigente, pero hoy debe evaluarse no por el entusiasmo de su origen, sino por su capacidad real para transformar la vida de quienes cargan la guerra en el cuerpo, en la memoria y en el territorio.
Sería injusto desconocer los avances de la JEP, en los últimos años ha consolidado macrocasos, fortalecido su actividad judicial y entrado en una fase más exigente: la imposición de sanciones, la verificación de compromisos y la materialización de una justicia restaurativa con efectos concretos en las comunidades, este tránsito es significativo, porque muestra que la JEP dejó de ser únicamente una arquitectura normativa para convertirse en una prueba real de la capacidad del Estado colombiano de cumplir su palabra.
El debate de fondo no está únicamente en los expedientes, sino en la experiencia humana que la justicia logra transformar, lo decisivo no es solo cuántas audiencias se celebran o cuántas resoluciones se expiden, sino si una madre que busca a su hijo desaparecido siente, por fin, que el Estado la escucha; si una comunidad desplazada percibe que su dolor dejó de ser una estadística; o si un campesino despojado comprende que la justicia no solo narra el pasado, sino que también dignifica su presente. La legitimidad de la JEP se medirá, sobre todo, por su capacidad de convertir el sufrimiento silenciado en reconocimiento público y reparación tangible.
En el plano político, la JEP ha sido escenario de una disputa permanente por el significado de la paz; para algunos sectores representa un exceso; en lo personal considero es la herramienta más seria para evitar la impunidad frente a crímenes masivos cometidos por distintos actores del conflicto, precisamente esa polarización ha dificultado, en ocasiones, una evaluación objetiva de la verdadera razón para la cual fue creada, sin embargo, la pregunta de fondo no debería ser si la JEP satisface caprichos, sino si contribuye a desmontar las condiciones que hicieron posible la guerra? Aunque la respuesta todavía es parcial, la JEP ha obligado al país a reconocer responsabilidades, abrir espacios de verdad y comprender que la paz no es olvido, sino memoria con consecuencias.
La evaluación de la JEP también debe considerar la dimensión social y territorial del conflicto, la guerra en Colombia no fue solo una sucesión de crímenes atroces; también fue el resultado de exclusión, abandono estatal y desigualdad rural; por eso, la justicia transicional necesita dialogar con las heridas colectivas de los territorios y articularse con otras herramientas, como una jurisdicción agraria robusta, oportuna y cercana a las comunidades, del mismo modo, la reparación integral exige algo más que reconocimientos simbólicos, requiere obras restaurativas, recuperación de territorios, búsqueda de desaparecidos, medidas de memoria y mejoras reales en la vida de las víctimas.
Muchas víctimas respaldan la JEP porque les ha permitido participar, ser escuchadas y confrontar a responsables que durante años guardaron silencio. Sin embargo, también persiste una frustración comprensible frente a la lentitud de los procesos, al lenguaje técnico que en ocasiones excluye y a la sensación de que la verdad judicial avanza más rápido que la reparación material, en este contexto, poner a las víctimas en el centro no puede reducirse a una fórmula retórica; debe traducirse en decisiones comprensibles, participativas y verificables. los falsos positivos 7.837 víctimas documentadas entre 1990 y 2016, el reclutamiento a menores 18.677 niños, niñas y adolescentes, violencia basada en género y sexual 630 víctimas, todos estos datos fueron televisados y divulgados, el conjunto de datos aquí presentados constituye la base fundamental del proyecto de investigación de la universidad referente a la construcción de la paz.
Diez años después considero la JEP sigue siendo una apuesta institucional valiente, pero su legitimidad futura dependerá de demostrar resultados comprensibles, efectivos y transformadores, si en la próxima década logra articular verdad judicial, reparación material y corrección de las desigualdades históricas, Colombia habrá dado un paso real hacia la no repetición; de lo contrario, seguirá administrando el dolor sin transformar sus causas.
La JEP, creada en 2017 tras el Acuerdo de Paz, cambió la pregunta central del país: de “¿quién ganó la guerra?” a “¿qué pasó y por qué?”. Abrió 11 macrocasos y por primera vez se escuchó hablar a los verdaderos actores, la JEP puso a los 9 millones de víctimas como sujetos principales, no como testigos, estoy convencida que sus pilares fundamentales han sido: la verdad que busca devolver a las familias la versión completa de lo ocurrido, la No repetición; contar el “cómo y por qué”.
sin verdad no hay paz duradera, así nos sacuda hablar con la verdad nos permite ver la realidad que millones de colombianos nos tocó vivir por el conflicto.
Aunque la JEP no terminó la guerra, cambió cómo Colombia escribe su historia; pasó de los partes militares a los testimonios de víctimas, de la venganza a la sanción que repara, ha dejado un legado, le dio voz a los que nunca la tuvieron y le puso espejo al país, la paz no es perdonar y olvidar, es recordar, juzgar diferente y comprometerse para que la niñez, la infancia y la adolescencia no padezca la desigualdad del conflicto, se construyan sociedades equilibradas, donde la familia sea la prioridad, con sentimiento cultural y de pueblo; mi opinión para ti.
