Estuvieron también otros funcionarios de la gobernación del departamento.
Durante tres días de recorrido por diferentes comunidades de La Guajira, el gobierno de Jairo Aguilar Deluque acompañó de manera activa la inspección judicial adelantada por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional para verificar los avances y dificultades en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
El gobernador participó en la instalación de la diligencia, escenario en el que presentó ante la Corte Constitucional los principales desafíos estructurales que enfrenta el departamento y planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales para avanzar en soluciones efectivas para las comunidades Wayuu.
La gestión departamental también se trasladó al territorio. Un equipo intersectorial de la Gobernación acompañó los recorridos realizados en comunidades de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, entre ellas Perratpu, Romonero, Jojoncito/Waimpiralein, Carrizal/Kachuerramana, Pila Santa Rosa, Lumana y La Pista.
Durante estas jornadas, la administración departamental participó junto a autoridades indígenas, líderes y comunidades Wayuu, funcionarios judiciales y representantes de entidades nacionales y territoriales, con el propósito de identificar directamente las necesidades y brechas que persisten en el territorio.
Uno de los componentes centrales de la gestión de Aguilar ha sido la articulación institucional. La Secretaría de Asuntos Indígenas, como Secretaría Técnica del Comité Departamental de Seguimiento a la Sentencia T-302, creado mediante la Resolución 415 de 2021, coordinó el acompañamiento de las diferentes dependencias de la Gobernación durante la inspección.
Desde el gobierno departamental se destacó que este ejercicio representa una oportunidad para mostrar los avances alcanzados, reconocer las dificultades que aún persisten y definir acciones que permitan convertir las órdenes de la Corte en soluciones sostenibles.
El gobernador Jairo Aguilar también planteó la importancia de iniciar una nueva etapa de trabajo conjunto con el Gobierno nacional, aprovechando el inicio de la nueva administración para consolidar una articulación más efectiva entre Nación y territorio.
La propuesta de la Gobernación apunta a que las decisiones y políticas públicas respondan a las particularidades de La Guajira y cuenten con la participación de las comunidades, las autoridades indígenas y las instituciones locales.
En ese sentido, la administración departamental ha insistido en que la superación del Estado de Cosas Inconstitucional requiere responsabilidades claras y una concurrencia real de las entidades competentes en asuntos prioritarios como agua potable, salud, alimentación, educación, movilidad, información y gobernanza.
“Proponemos una articulación permanente entre Nación y territorio para convertir las órdenes constitucionales en resultados sostenibles allí donde deben materializarse los derechos: en las comunidades”, señaló la Gobernación.
Con este acompañamiento, el gobierno de Jairo Aguilar ratificó su disposición de continuar trabajando con el Gobierno nacional, los municipios, las autoridades indígenas y las comunidades Wayuu para avanzar en el cumplimiento de la Sentencia T-302 y lograr que las acciones institucionales se traduzcan en soluciones concretas para las poblaciones más necesitadas del departamento.
