La viceministra Mónica Paola Saldarriaga participó en la inspección judicial de la Corte Constitucional sobre la Sentencia T-302.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, socializó sus prioridades en materia de agua potable durante una visita realizada a varias comunidades wayuu de La Guajira.
La jornada estuvo encabezada por la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Paola Saldarriaga Escobar, quien participó en la inspección judicial convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y a las soluciones implementadas en los territorios.
Durante el recorrido, la funcionaria anunció que se instalaría una mesa técnica entre el equipo territorial del Ministerio y las comunidades. Este espacio tendría como propósito revisar las soluciones requeridas por el departamento, teniendo en cuenta la cosmovisión, las dinámicas culturales y los conocimientos propios del pueblo wayuu.
Saldarriaga Escobar manifestó que una de las prioridades del Gobierno nacional era avanzar en la solución de las dificultades relacionadas con el acceso al agua en La Guajira. Asimismo, aseguró que el trabajo se desarrollaría de manera articulada con las comunidades, escuchando las propuestas construidas desde su conocimiento del territorio.
“En el corazón del presidente Abelardo De La Espriella está resolver los problemas de agua en el territorio y el mensaje del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio para ustedes es que vamos a trabajar con la comunidad, escuchando las soluciones que desde su conocimiento y como territorio nos puedan aportar”, expresó la viceministra durante la visita.
La comisión recorrió los sistemas de abastecimiento de agua del resguardo Perratpu y de las comunidades Romonero y Wimpiraren. En estos lugares se realizaron muestreos para evaluar la calidad y el grado de potabilidad del recurso disponible para las familias.
El recorrido también permitió mantener un diálogo con los habitantes y establecer compromisos de seguimiento por parte de las entidades convocadas a la inspección judicial. Estas acciones estuvieron orientadas a avanzar en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades wayuu.
