Escuchar directamente al pueblo wayuu, reconocer sus realidades y avanzar en respuestas que contribuyan a la garantía efectiva de sus derechos marcó la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la tercera inspección judicial de la Corte Constitucional al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 en La Guajira.
El equipo del ICBF le contó a los líderes que la entidad atiende a más de 2.600 comunidades y a 139.000 familias wayuu en los municipios priorizados por la sentencia. De esta manera apoya la garantía del derecho a la alimentación y contribuye en la prevención de la desnutrición de la niñez y la adolescencia.
El agua potable ocupó un lugar central durante el recorrido, como elemento indispensable para garantizar la alimentación y fortalecer la soberanía alimentaria.
Las comunidades también plantearon la importancia de recuperar la siembra, fortalecer proyectos productivos y saberes artesanales, así como continuar avanzando en respuestas frente a las necesidades de salud y nutrición, teniendo en cuenta las dinámicas propias de sus territorios.
El recorrido de tres días inició en Riohacha, en la comunidad Tocoromana del Resguardo Indígena Perratpu y Romonero y continuó hacia la Alta Guajira, luego a Jojoncito y Carrizal, en Uribia. En estos lugares fueron visitadas las comunidades de Wimpiralein y Kachuerramana, Pila Pública Casa Azul, sector Lamana, en Manaure y La Pista, en Maicao.
Finalmente, en cada territorio, el diálogo con autoridades y comunidades, permitió conocer sus experiencias y profundizar en los avances y en la articulación interinstitucional en favor de la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia de las familias wayuu.
