La paciencia de los guajiros tiene un límite y ese límite parece haberse alcanzado. Los apagones, las fluctuaciones de voltaje y las interrupciones prolongadas del servicio eléctrico se han convertido en una realidad demasiado frecuente, mientras las comunidades salen a las calles, bloquean vías y protestan para reclamar algo que no debería ser un privilegio: energía eléctrica continua, segura y de calidad.
Las comunidades tienen razón en reclamar. No puede pretenderse que una familia soporte durante horas o días la ausencia de energía en un territorio donde las temperaturas son extremas, donde el calor afecta especialmente a niños y adultos mayores y donde la electricidad resulta indispensable para conservar alimentos, trabajar, estudiar, comunicarse y desarrollar cualquier actividad económica.
El problema no puede reducirse a decir que Air-e está haciendo mantenimiento o que existe un déficit de infraestructura. La pregunta de fondo es otra: ¿cuál es la solución integral, técnica y financieramente sostenible que Air-e Intervenida, el Gobierno nacional, la Superintendencia, la CREG, la Gobernación y los municipios tienen para La Guajira?
Air-e se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024, y precisamente esa intervención debía convertirse en una oportunidad para corregir las fallas estructurales de una empresa que presta el servicio a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La propia Superservicios reconoce que la solución requiere seguimiento técnico, financiero y operativo permanente.
Hay que reconocer que se han anunciado y ejecutado obras. En marzo de este año Air-e informó adecuaciones de redes de media tensión en el sur de La Guajira que beneficiarían aproximadamente a 15.000 usuarios de Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, El Molino y zonas rurales. Pero una intervención puntual no puede confundirse con la solución definitiva del sistema.
En mayo, Air-e informó que estaba trabajando en el sur del departamento mediante balanceo de circuitos, traslado de cargas y estudios de capacidad de potencia. Son medidas técnicamente necesarias, pero la ciudadanía necesita conocer los resultados: cuánto se ha invertido, qué circuitos fueron intervenidos, qué capacidad adicional se incorporó y cuánto disminuirán las interrupciones.
La solución debe comenzar por un diagnóstico público y municipalizado*de la red. La Guajira no puede ser tratada eléctricamente como un solo territorio. Las necesidades de Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, Dibulla, Albania, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita, El Molino y La Jagua del Pilar son diferentes.
Técnicamente se requiere identificar los circuitos críticos, transformadores sobrecargados, líneas con mayores pérdidas, subestaciones con restricciones de capacidad, puntos vulnerables y zonas donde las fluctuaciones de tensión están provocando daños a electrodomésticos. Ese mapa debe convertirse en un Plan de Emergencia Eléctrica para La Guajira, con cronograma, presupuesto y responsables.
El Gobierno nacional ya anunció una obra de enorme importancia: la subestación provisional de 110 kV en Uribia, concebida para mejorar la estabilidad del servicio de Uribia y Manaure y beneficiar a cerca de 400.000 habitantes. Además, se ha planteado que la futura subestación permanente Uribia-Manaure sea incorporada por la UPME dentro de las obras urgentes para el Caribe.
Pero La Guajira necesita mirar también hacia el sur. No basta con resolver el problema de Uribia y Manaure si continúan los inconvenientes de tensión, capacidad y continuidad en Villanueva, Urumita, El Molino, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, Barrancas y Hatonuevo. El sistema debe ser analizado como una red integral.
Aquí aparece el componente financiero. Air-e no puede solucionar sola una crisis que tiene características estructurales. La Superservicios informó recientemente que desde 2024 ha adelantado más de 20 gestiones ante los Ministerios de Hacienda y Energía, el DNP y la CREG para conseguir recursos destinados a garantizar la operación y continuidad del servicio. También señaló que está en trámite un mecanismo relacionado con la nacionalización de pérdidas.
Y aquí está uno de los grandes problemas: las pérdidas de energía. Una empresa distribuidora que pierde recursos por conexiones ilegales, fraude, deterioro de redes y pérdidas técnicas termina trasladando una parte del problema a sus usuarios y debilitando su capacidad para invertir. Combatir el fraude no es perseguir al usuario pobre; es proteger financieramente el sistema y garantizar que quien consume ilegalmente no termine perjudicando al que sí paga.
Air-e ha anunciado operativos contra conexiones ilegales y transformadores clandestinos. Esa lucha debe continuar, pero acompañada de una política social de normalización de usuarios. En muchos sectores populares y rurales debe existir una ruta para legalizar conexiones, instalar medición adecuada y ofrecer alternativas de pago que permitan incorporar a las familias al sistema formal.
El componente social es fundamental. No se puede exigir únicamente el pago de una factura cuando el usuario siente que recibe un servicio deficiente. Pero tampoco es sostenible reclamar un servicio de calidad mientras se permite el fraude. El nuevo pacto eléctrico debe construirse sobre una fórmula sencilla: servicio confiable, tarifa justa, pago responsable y cero tolerancia al robo de energía.
También es indispensable acelerar la inversión en transformadores y redes. El ejemplo de Riohacha demuestra que una solución aparentemente sencilla puede producir un impacto inmediato: la instalación de un transformador de mayor capacidad permitió recuperar el servicio para más de 200 familias y reducir el riesgo asociado a las fluctuaciones.
La transición energética tampoco puede quedarse en discursos. La Guajira produce y está llamada a producir enormes cantidades de energía renovable, pero resulta paradójico que comunidades ubicadas en uno de los territorios con mayor potencial eólico y solar del país continúen padeciendo apagones. El territorio que puede convertirse en potencia energética no puede seguir siendo víctima de la precariedad eléctrica.
Por eso la transición energética debe tener una dimensión social. Los proyectos eólicos y solares deben contribuir a fortalecer las redes, generar empleo local, financiar infraestructura y beneficiar directamente a las comunidades. El Gobierno ya ha establecido un modelo tripartito de diálogo entre Estado, empresas y comunidades para destrabar proyectos de transición energética. Esa herramienta debe utilizarse también para construir confianza alrededor de la infraestructura eléctrica.
Existe además una oportunidad financiera que no puede desperdiciarse. El Gobierno nacional anunció en enero un paquete de más de US$1.700 millones para más de 35 obras estratégicas destinadas a fortalecer la red eléctrica del Caribe, reducir riesgos de apagones y permitir la incorporación de hasta 6 GW de energías limpias. La Guajira debe asegurarse de que las obras que necesita estén efectivamente priorizadas, financiadas y ejecutadas.
Pero invertir no significa solamente anunciar cifras. Cada peso destinado al sistema eléctrico debe tener trazabilidad. Los guajiros tienen derecho a saber cuánto dinero se asignó, qué obra se contrató, cuál es su avance físico y financiero, quién la ejecuta, cuándo termina y qué número de usuarios beneficiará. La transparencia debe ser parte de la solución eléctrica.
También hace falta una mesa permanente de crisis eléctrica para La Guajira, con Air-e Intervenida, Superservicios, Ministerio de Minas y Energía, UPME, Gobernación, alcaldes, personeros, concejales y representantes legítimos de las comunidades. No una reunión protocolaria cada vez que hay un bloqueo, sino una instancia técnica que se reúna mensualmente y publique resultados.
Las protestas son una señal de alarma. Ninguna sociedad debe acostumbrarse a bloquear carreteras para conseguir que le restablezcan un servicio público esencial. Pero tampoco puede condenarse automáticamente a quienes protestan cuando detrás de la protesta existe una necesidad real. Lo inteligente es evitar que el bloqueo sea el único mecanismo mediante el cual una comunidad logra ser escuchada.
La solución inmediata debe tener tres velocidades: emergencia, estabilización y transformación. Emergencia para atender rápidamente los circuitos y comunidades críticas; estabilización para modernizar redes, transformadores, protecciones y subestaciones; y transformación para construir una red moderna capaz de recibir la nueva generación renovable y garantizar confiabilidad durante las próximas décadas.
Air-e debe presentar públicamente a los guajiros una hoja de ruta con metas verificables. No basta decir que se está trabajando. Hay que responder preguntas concretas: ¿cuántas interrupciones se reducirán?, ¿cuántos transformadores serán reemplazados?, ¿cuántos kilómetros de red serán intervenidos?, ¿cuánto dinero se invertirá?, ¿cuáles son los municipios prioritarios y en qué fechas estarán terminadas las obras?
La Guajira tampoco puede esperar indefinidamente. Cada apagón representa pérdidas económicas para comerciantes, hoteles, restaurantes, industrias, agricultores y pequeños emprendimientos. También significa horas de estudio perdidas, alimentos que se dañan, equipos que se deterioran y familias enteras sometidas a temperaturas insoportables. El costo social de la mala calidad del servicio también debe entrar en la ecuación financiera.
La conclusión es contundente: la espera no da más y las comunidades tienen razón. Air-e Intervenida, el Gobierno nacional y las autoridades territoriales tienen que pasar de la reacción a la planificación, de las reuniones a las obras y de los anuncios a los resultados. La Guajira no está pidiendo un favor; está reclamando un servicio público esencial. Y si el departamento es presentado como una de las grandes reservas energéticas de Colombia, lo mínimo que puede exigirse es que sus habitantes tengan luz confiable. La solución no puede ser otro discurso ni otro acuerdo para levantar un bloqueo: *la solución tiene que ser inversión, infraestructura, eficiencia financiera, control de pérdidas, transparencia y justicia social.
